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Santiago

Chile, a un paso de aprobar el matrimonio igualitario tras cuatro años de atasco parlamentario

Chile se encuentra a un solo paso de convertirse en el octavo país de la región en legalizar el matrimonio igualitario, después de que el Senado haya dado luz verde a un proyecto que fue presentado en 2017 y que ahora debe ser discutido en la Cámara de Diputados.

Marcha por la Igualdad de Derechos celebrada en Santiago de Chile en 2018. (MOVILH)
Marcha por la Igualdad de Derechos celebrada en Santiago de Chile en 2018. (MOVILH)

Por amplía mayoría (28 votos a favor de un total de 43) y en una sesión que ha terminado con aplausos, los senadores chilenos han aprobado la iniciativa legislativa que, además de llamar matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo, permite la adopción y la filiación.

El proyecto se ha convertido en los últimos años en una de las mayores luchas de los colectivos LGTBI en Chile, donde los homosexuales solo pueden unirse desde 2015 bajo la figura del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no reconoce derechos filiativos.

«Estamos lo más cerca que hemos estado en la historia de Chile de la igualdad familiar para las parejas del mismo sexo. Hoy celebramos un paso más hacia una victoria rotunda para toda la sociedad», ha dicho la directora ejecutiva de la Fundación Iguales, Isabel Amor.

La iniciativa legislativa también cambia el concepto de madres o padres por el de progenitores, reconoce las uniones contraídas en el extranjero, permite definir el orden de los apellidos de los hijos y elimina a la homosexualidad como causal de divorcio culposo, entre otros aspectos.

«Hoy damos un paso importante tras 30 años de lucha, de manifestaciones y de dos demandas internacionales contra Chile por prohibir el matrimonio igualitario», ha indicado Rolando Jiménez, activista del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De aprobarse en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, donde se espera que cuente con una mayoría de apoyos, Chile se sumaría a Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados mexicanos. 

«Materia de derechos humanos»

El proyecto se presentó en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), y ha estado atascado más de cuatro años.

En enero de 2020, el Senado decidió aprobar la idea de legislar el matrimonio igualitario, pero no avanzó en su articulación ante la férrea oposición de los partidos de derecha de la coalición oficialista.

Su reciente reactivación se produce luego de que el pasado 1 de junio el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, dijera en su última rendición de cuentas pública antes de dejar el cargo en marzo de 2022 que «ha llegado el tiempo» de aprobarlo y otorgara carácter de «urgencia» a su tramitación.

«El matrimonio igualitario nos hace mucho más tolerantes, mucho más comprensivos, mucho menos discriminadores y nos hace vivir en paz con nosotros mismos», ha afirmado Rodrigo Galilea, uno de los cuatro senadores oficialistas que ha votado a favor.

Para la presidenta del Senado, la democristiana opositora Yasna Provoste, «no es un proyecto valórico, se trata de un proyecto en materia de derechos humanos y los derechos humanos no se defienden dependiendo de si me acomoda o no, sino que se defienden con convicción».

El sorpresivo respaldo de Piñera, quien rechazó en 2019 darle urgencia al mismo proyecto y acelerar su tramitación, ha caído como un jarro de agua fría en los partidos que forman la coalición con la que gobierna, especialmente en la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).

«La definición de matrimonio no busca discriminar, simplemente busca respetar la naturaleza de dicho contrato (...). No es discriminación cuando se busca igualar situaciones que no son iguales», ha asegurado Luz Ebensperger (UDI), una de las senadoras más opositoras al proyecto, que cuenta con amplío apoyo en la ciudadanía.

Según un sondeo reciente de Ipsos, el 65% de los chilenos creen que se debería permitir el matrimonio igualitario, lo que coloca a Chile como el segundo país latinoamericano con mayor respaldo, solo por detrás de Argentina (73%), el primer país de la región en legalizarlo en 2010.