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México demanda a empresas de armamento de EEUU por facilitar la violencia en el país

El Gobierno de México ha interpuesto una demanda contra los principales fabricantes de armas estadounidenses a los que acusa de una actitud negligente que facilita el tráfico ilícito e impulsa la violencia en el país.

Manifestación contra la violencia y las armas en Ciudad Juárez. (Herika MARTÍNEZ/AFP)
Manifestación contra la violencia y las armas en Ciudad Juárez. (Herika MARTÍNEZ/AFP)

El Gobierno mexicano ha anunciado una demanda contra once empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos, a las que acusa de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y fomentar así la violencia en el país.

El recurso se ha interpuesto en una corte federal de Boston contra algunas de las compañías de armas más grandes de ese país, como Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms o Sturm, Ruger & Co., para que reparen el daño y garanticen la no repetición.

El ministro mexicano de Exteriores, Marcelo Ebrard, ha explicado que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México «por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio».

Este tráfico ilegal de armas «está íntimamente vinculado con la violencia que vive México», ha indicado Erbard.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17.000 homicidios anuales y de daños equivalentes a 1,5 % del PIB, según datos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Modelos para el narco

Ebrard ha acusado también a los fabricantes de estar desarrollando diferentes modelos de forma específica para los narcotraficantes.

«Los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso», ha señalado.

El Gobierno solicita a estas empresas que implementen mecanismos de seguridad para evitar que esas armas lleguen a manos de la delincuencia, que financien campañas y estudios para concienciar sobre los males del tráfico ilegal y, en definitiva, que cesen sus «prácticas negligentes que tanto daño generan en México».

Buscan que estas compañías desarrollen formas de control de la distribución a pesar de que argumenten «que no tienen responsabilidad cuando las armas salen a la venta».

Aumento de los homicidios

La demanda se presenta cuando México ha registrado los dos años más violentos de su historia coincidiendo con los primeros dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 34.681 víctimas mortales en 2019 y 34.554 en 2020.

La tasa de homicidios se mantiene en su nivel más alto de la historia desde 2018, con 29 por cada 100.000 habitantes, reveló la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por ello, la demanda «es correcta, oportuna, valiente y justa», ha indicado el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal.

«No (es) solo la reparación del daño, sino evitar que se siga generando esta tragedia de violencia que México vive. Yo estoy seguro de que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso ilegal y la introducción ilegal de armas a nuestro país», ha afirmado Monreal.

«Si no hacemos una demanda de esta naturaleza, si no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y seguirán habiendo muertos todos los días", ha recalcado el ministro.

La demanda se presenta al día siguiente de la visita de Ebrard a El Paso, donde hace dos años murieron 23 personas –nueve de ellas mexicanas– en un tiroteo alimentado por el racismo.

México ha puesto en marcha una agenda para condenar los crímenes de odio, el racismo y el supremacismo blanco desde la presidencia de Donald Trump (2017-2021).

La SRE ha enfatizado que la demanda no es contra el Gobierno de Estados Unidos, al agradecer su cooperación en el tema bajo la Administración de Joe Biden, y dijo no prever ningún conflicto diplomático con EEUU por esta causa.

Pero el recurso llega cuando ambos países ya afrontan otros roces, en particular por el respeto a las reglas comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).