Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes en un informe las «deficientes investigaciones» de feminicidios en el Estado de México, centro del país, por la «inacción y negligencia« de las autoridades que provocan que los casos queden impunes.

«Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte», expresó Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Según la organización, en 2020 se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios en los 32 estados del país.

En su informe, documenta cuatro casos emblemáticos ocurridos desde 2004 hasta 2018 en el Estado de México, colindante con la capital mexicana y el más poblado del país, los cuales exhiben «las deficiencias en las investigaciones penales» de los feminicidios.

Los crímenes comparten que las autoridades estatales no inspeccionaron correctamente el lugar de los hechos, no resguardan las evidencias recopiladas y perdieron datos, objetos y testimonios.

Además, la Fiscalía General del Estado de México no investiga de forma adecuada por «una sobrecarga de trabajo y carencia» de recursos, de manera que su personal debe pagar con sus propios medios el material necesario.

Las familias asumen investigaciones

Amnistía Internacional denunció que «las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación» y su falta de actuación lleva «a las familias de las víctimas, generalmente a las mujeres, a asumir el liderazgo de las investigaciones».

En el acto de presentación del informe, realizado de forma virtual, han participado mujeres familiares de víctimas de feminicidios.

Ana Sosa, de 29 años, halló en 2018 «sin ayuda» de las autoridades el cuerpo de su madre, Julia Sosa, asesinada y sepultada en un rancho de su expareja, aunque sospecha que más gente participó en el crimen.

«Es indescriptible la forma en que encontré a mi mamá; no sé quién, cuándo y cómo le arrebataron la vida. La última imagen de mi mami fue porque me tocó reconocer el cuerpo y nunca se me olvida ese recuerdo», ha relatado.

Laura Curiel, madre de Daniela, desaparecida en 2015, pasó 14 horas en la Fiscalía estatal para que atendieran su caso y desde entonces ha sufrido «omisiones, victimización, criminalización y amenazas».

«Al día de hoy, tres fiscales han pasado por el caso de mi hija pero mi hija sigue en la nada. A nadie le importa buscar a mi hija. He dado lo más que puedo dar», lamenta.

Diana Velázquez fue asesinada y su cuerpo abandonado en la calle en 2017, pero las autoridades la confundieron con un hombre y «muchas evidencias se perdieron», denuncia su madre Lidia Florencio.

Mientras que María Antonia Márquez, madre de Nadia, asesinada por su pareja en 2004, reprocha que «los errores de la investigación fueron de tal magnitud al grado de perder la soga con la que había sido asesinada».

«El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades», denuncia la directora de Amnistía en México.

El organismo exigió que la Fiscalía estatal cuente «con los recursos humanos y financieros necesarios» para un trabajo eficiente y con perspectiva de género.

También pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que investigue «las deficiencias en las investigaciones penales» y al Gobierno federal «que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios».

El Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha achacado el aumento de feminicidios de los últimos años al hecho de que las anteriores administraciones no los tipificaban correctamente.