Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones la Cámara baja de Chile ha ratificado este martes una reforma al Código Penal que busca librar de sanciones a las mujeres que lleven a cabo una interrupción voluntaria del embarazo hasta cumplir las 14 semanas de gestación.

En Chile, uno de los países más religiosos de la región, solo es legal abortar bajo tres supuestos –inviabilidad fetal, violación o riesgo de la vida de madre– y, en caso de no cumplirse alguna de estas causales, el aborto está penado con hasta 5 años de prisión.

«La criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo también es una forma de violencia de género (...). Avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos es avanzar en igualdad de género», ha afirmado la diputada comunista Carol Kariola, una de las autoras de la moción.

La Cámara de Diputados debe aún concretar el articulado de la iniciativa, que es la que más lejos ha llegado en la historia de Chile, y luego pasará por el Senado.

El proyecto haría que el aborto no fuera punible, pero no lo garantizaría como un derecho libre y gratuito, puesto que para que un proyecto de ley pueda incurrir en gastos en Chile debe contar con el apoyo del Gobierno, que rechaza frontalmente la norma.

«El aborto es el fin de la vida de un ciudadano (...). Mientras nosotros discutimos, están muriendo niños inocentes por todo el mundo», ha critiado el diputado oficialista conservador Diego Schalper.

Minutos antes de la votación y al grito de «Aborto libre y seguro» y «Será ley», un centenar de mujeres ha rodeado el edificio de la capital donde se redacta la nueva Constitución chilena para pedir la despenalización del aborto con pancartas y pañuelos verdes, el color de esta lucha social.

En distintos puntos del país se han convocado movilizaciones con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro

Los tres supuestos bajo los que se permite el aborto fueron aprobados el año 2017, gracias al empuje del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).

Hasta entonces, las interrupciones voluntarias del embarazo estaban totalmente penalizadas, algo que estableció la dictadura de Augusto Pinochet poco antes de que el general dejara el poder en 1990.

El aborto legal es una reivindicación histórica de los colectivos feministas de América Latina, donde solo Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana y cuatro estados de México lo han despenalizado.

Hasta 2017, según diversos estudios, se realizaban unos 70.000 abortos anuales en Chile, todos ellos en la clandestinidad.

Según datos del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2020 se registraron 1.827 abortos legales en Chile, una cifra que deja entrever que todavía decenas de miles de mujeres siguen poniendo fin a su embarazo de forma ilegal.