El rey español que tomó el relevo de Franco será exonerado de todas sus corruptelas conocidas hasta la fecha por la Fiscalía, en un próximo auto que llevará la firma de la fiscal general del Estado. Un Estado que retratará con ello el modo en que se ha puesto a los pies de la monarquía borbónica, puesto que el archivo será un crisol de excepcionalidades y trampas.

Según se avanza en diferentes medios, el carpetazo se hará efectivo en un solo acto para los tres delitos que se «investigaban»: la millonada recibida de la monarquía amiga saudí (que se presenta como supuesta comisión por la adjudicación del AVE a La Meca, aunque esto no está tan claro); el uso de tarjetas opacas; y la defraudación cometida al desviar estos ingresos al paraíso fiscal de Jersey.

La Fiscalía empleará una doble vía para ello, tramposa en los dos casos. La primera es el artículo 56.3 de la Constitución, que establece inviolabilidad total para los delitos cometidos por el rey español mientras esté en ejercicio del cargo, en este caso hasta la abdicación de 2014. La segunda, una pretendida regularización fiscal por su parte que también fue fraudulenta, puesto que ha trascendido recientemente que se le advirtió previamente de la ilegalidad, sin olvidar que la hizo en dos botes, puesto que la primera no fue considerada suficiente. Con ello se tapona la vía de agua que suponían delitos fiscales cometidos después de la abdicación y que por tanto no quedaban cubiertos con la impunidad constitucional.

La regañina y Suiza

En este cierre en falso, para rizar el rizo del ridículo ‘El País’ avanza que la Fiscalía incluirá una reprimenda al padre del actual rey. En el escrito certificará que la investigación ha dejado patentes los delitos pero argumentará que estos no pueden ser convertidos en una denuncia judicial porque no llevaría a condena.

Con ello, la investigación decaerá definitivamente en el Estado español, y es que se añade que el auto no es recurrible.

Es conocido que también en la escala política se ha eludido totalmente abordar el asunto, porque las sucesivas interpelaciones a crear una comisión de investigación en el Congreso han topado con PSOE, PP y Vox.

Queda abierta, aunque inactiva, la investigación judicial en Suiza por los 65 millones de euros que el monarca saudí «regaló» al español. Fue el detonante de que la Fiscalía española se viera abocada a aparentar algún movimiento, que ahora se demuestra como puro humo. En esta causa suiza ni siquiera ha sido llamado a declarar, y tampoco está claro que fuera a lograrse tal cosa dado que el emérito sigue fugado o refugiado –según se prefiera– en Emiratos Árabes Unidos, adonde se marchó en plena irrupción de la pandemia y con una implicación gubernamental que no se ha terminado de determinar del todo.

¿Y volverá?

Llegados a este punto, toda la jugada toma el aspecto previsible desde el inicio: una maniobra pactada en la que Juan Carlos de Borbón primero abdica y luego se retira de la escena a cambio de que los poderes del Estado garanticen su inmunidad judicial. El archivo por parte de la Fiscalía cierra ese círculo.

Con todo, no está claro que el «rey de la Transición» no vaya a volver a pisar territorio estatal. El Gobierno no habría obtenido garantías de ello por parte de la Casa Real ni de Juan Carlos de Borbón y queda a expensas de sufrir un último escarnio.