El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante un aviso del PNV que le ha dicho que se juega su futuro, ha afirmado este miércoles en el Congreso que el Gobierno trabaja con la industria y las eléctricas para «aclarar y precisar lo que haga falta» del decreto de recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas.

Ha dicho que lo hará para «asegurar» de que estas no elevan su factura a la industria y también para facilitar nuevos contratos «a precios asequibles».

«En eso es en lo que está el Gobierno trabajando, con las empresas eléctricas y con la industria: aclarar y precisar lo que haga falta del decreto 17/2021», ha dicho. Este decreto ley, que entre otras medidas recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas por el precio del gas, se somete este jueves a votación en el Congreso.

Sánchez ha realizado estas declaraciones ante la exigencia del portavoz del PNV, Aitor Esteban, de «retocar» el decreto ley ante el riesgo de un paro industrial, algo que, ha dicho, amenaza incluso la viabilidad del propio Ejecutivo: «Está en juego el futuro de la economía, pero también el futuro de su propio Gobierno», ha avisado.

El planteamiento de Esteban ha llegado tras la decisión anunciada por Sidenor de parar la producción y de la posición adoptada por el Gobierno de Lakua al respecto, dispuesto a «mediar» por las eléctricas.

La patronal vasca también presiona

La patronal de la CAV Confebask, y las de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, han expresado al Gobierno español su oposición al decreto de medidas urgentes para mitigar la escalada del precio de la energía y han pedido que lo reconsidere por su impacto «muy negativo» en la industria vasca.

Confebask y sus asociaciones territoriales Adegi, Cebek y SEA, han enviado una carta a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le advierten de las consecuencias «muy negativas» que tendrá para la industria vasca la aprobación de dicho decreto-ley.

En la misiva, los presidentes de Confebask, Eduardo Zubiaurre; Adegi, Eduardo Junkera; Cebek, Carolina Pérez Toledo, y SEA, Pascal Gómez, trasladan a la vicepresidenta tercera su «posición contraria a esta medida».

Los presidentes de las cuatro organizaciones empresariales señalan a Teresa Ribera que «el coste de la energía es un factor fundamental para la competitividad y viabilidad» de las empresas vascas.

Por ello, consideran que la creación de una nueva tasa a toda la energía eléctrica no emisora, proporcional a la subida del coste del gas, «va a tener un impacto muy negativo en nuestros costes de electricidad».

Para las cuatro patronales vascas «esta nueva tasa supone, a todas luces, una modificación de las reglas de juego, afectando tanto a los contratos que las empresas tienen ya firmados a precios inferiores a los del mercado actual, como a la futura contratación de electricidad que estará sujeta la volatilidad de los precios».

«Todo ello significa claramente alterar las reglas del juego preexistentes», subrayan.

Los máximos representantes de Confebask, Adegi, Cebek y SEA concluyen que «las empresas de Euskadi necesitan, hoy más que nunca, un entorno regulatorio estable y conocido, más aún en estos momentos de inicio de recuperación económica tras los efectos sufridos con la pandemia».

Lakua pide quitar o aplazar tasas

En esta línea de marcar el camino a Madrid, el Gobierno de Lakua ha propuesto que el Estado elimine de la factura eléctrica todas las tasas, entre las que ha citado las primas a las renovables, los extracostes no peninsulares y la anualidad del déficit tarifario, y que asuma su coste directamente, lo que podría suponer un ahorro de entre el 40 y el 45 % para las empresas.

La propuesta ha sido formulada por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo un planteamiento de actuación conjunta entre los ejecutivos estatal y de Lakua y la Comisión Europea que aporte «estabilidad» para poder hacer frente al «impacto» del precio de la energía en la industria, aunque ha precisado que la iniciativa se haría extensiva a la totalidad de consumidores.

El planteamiento concreto al Gobierno español pasa por pedirle que decrete una «carencia temporal para la totalidad de los cargos» de la factura eléctrica.