Cinco mujeres mestizas acusan al Estado belga de crímenes contra la humanidad y le exigen una reparación. Se tratan de Lea Tavares Mujinga, Simone Vandenbroecke Ngalula, Monique Bitu Bingi, Noelle Verbeken y Marie Jose Loshi, que tienen ahora más de 70 años.

El juicio es el primero en Bélgica que arroja luz sobre el destino de los niños mestizos nacidos en las antiguas colonias belgas (República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi), cuyo número se estima en alrededor de 15.000, aunque nunca se ha realizado un recuento oficial.

Las cinco mujeres, que ahora son abuelas, fueron apartadas por la fuerza de sus familias maternas a la edad de dos, tres o cuatro años, y colocadas en instituciones religiosas «a veces a cientos de kilómetros de distancia», ha dicho Michèle Hirsch, su abogada.

Cada una de ellas pide una suma inicial de 50.000 euros y el nombramiento de un perito para determinar el daño moral.

La mayoría de los niños nacidos de una unión entre una mujer negra y un hombre blanco no eran reconocidos por sus padres y no se les permitía mezclarse con blancos o africanos.

Como resultado, muchos de esos niños y niñas fueron puestos bajo la tutela del Estado y enviados a orfanatos a cambio de subsidios a estas instituciones, que generalmente eran administradas por la Iglesia Católica.

«Hijos del pecado»

«En la escuela, nos llamaban ‘café con leche’. No fuimos aceptadas», ha recordado Simone Ngalula. «Nos llamaban ‘hijos del pecado’. Un hombre blanco no podía casarse con una mujer negra. El niño nacido de esta unión era considerado producto de la prostitución», ha señalado Léa Tavares Mujinga, quien nació de padre portugués y fue secuestrada a la edad de dos años, en la década de 1940.

Para las denunciantes, la disculpa presentada en 2019 en nombre del Estado belga debe ir seguida de reparaciones.

El entonces primer ministro, Charles Michel, reconoció la «segregación selectiva» y deploró la «pérdida de identidad» con la separación de hermanos, incluso cuando los niños fueron repatriados a Bélgica después de la independencia del Congo, en 1960.

«Nos han destruido. Las disculpas son fáciles, pero cuando haces algo tienes que responsabilizarte por ello», ha señalado Monique Bitu Bingi en una conferencia de prensa junto a las otras demandantes antes del inicio del proceso.

«Crimen de Estado no confesado»

«Son la prueba viviente de un crimen de Estado no confesado, y pronto no quedará nadie para testificar. Si están luchando para que se reconozca este delito, es por sus hijos, sus nietos…, porque el trauma se transmite de generación en generación. Le pedimos que nombre el delito y condene al Estado belga», ha aseverado la abogada Hirsch.

Durante el juicio, la acusación ha repasado la historia personal de cada una de las denunciantes y el momento en que fueron llevadas por la fuerza para ser internadas en la misión religiosa de la aldea congoleña de Katende, a varios cientos de kilómetros de su pueblo.

Asimismo, las demandantes exigen que se publiquen los documentos administrativos producidos en aquella época que puedan esclarecer más información sobre su pasado o que estén relacionados con el caso.

«Nuestras clientas necesitan recuperar su vida, su historia, para transmitirla. Están en busca de su identidad, de sus orígenes», ha declarado ante el juez Sophie Colmant, otra de las abogadas.

En los últimos años, el pasado colonial de Bélgica ha aflorado en el debate público del país, que entre 1908 y 1960 gestionó la actual República Democrática del Congo después de haber sido propiedad del rey belga Leopoldo II durante más de dos décadas.

Este otoño se espera que un grupo de expertos publique un extenso informe sobre la colonización. Mientras, el Gobierno de Bélgica presentó este verano un proyecto para estudiar la procedencia de los bienes de sus antiguas colonias, en el que se establece un marco para la devolución de aquellos objetos expropiados, la mayoría de los cuales pertenecerían a la República Democrática del Congo.