La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado colombiano por el secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya, ahora subeditora del diario ‘El Tiempo’, 21 años después de los hechos.

Bedoya además lidera la campaña ‘No es hora de callar’ contra la violencia sexual y de género, por la que ha sido galardonada y reconocida en otros países.

«La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Colombia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya», explica el organismo en un comunicado.

Además de recoger la versión sobre la implicación de paramilitares en la agresión, la corte señala la existencia de «indicios graves, precisos y concordantes» de la participación estatal en los hechos.

«Se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable», prosigue el texto de la CIDH.

Como medidas de reparación, la CIDH ha ordenado «promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la señora Bedoya».

Además, exige «garantizar la difusión del programa trans-media ‘No es hora de callar’, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos» y «crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para (...) identificar actos y manifestaciones de violencia contra las mujeres».

También plantea crear un «centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas».

Igualmente exige un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas, crear un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia y «pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, daño material, inmaterial y costas».

Además prevé una indemnización de 25.000 dólares (21.500 euros) para Bedoya y 15.000 (12.900 euros) para su madre, Luz Nelly Lima, por daños materiales, mientras que los daños inmateriales implican indemnizaciones por 90.000 dólares (77.500 euros) para Bedoya y 20.000 (17.200 euros) para Lima.

Proceso en Colombia

En Colombia el proceso ha estado marcado por la impunidad con investigaciones insuficientes, retrasos inexplicables y obstáculos procesales que han impedido llegar a toda la cadena de implicados en el hecho.

Uno de esos episodios ocurrió en una audiencia en marzo, cuando la CIDH avanzaba con el testimonio de Bedoya y, en medio del juicio, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) se retiró de la diligencia y recusó a los magistrados para que no pudieran investigar el caso, petición que no prosperó.

El 25 de mayo del 2000, la periodista, que trabaja en el diario ‘El Espectador’, fue raptada en la puerta de la cárcel La Modelo de Bogotá en medio de una lucha por el control de los patios entre paramilitares, guerrilleros y mafiosos. En su interior se registraban homicidios, secuestros, torturas y desapariciones forzadas, lo cual denunciaba Bedoya.

La periodista se había desplazado hasta la prisión para una con el exparamilitar Mario Jaimes Mejía, alias «el Panadero», pero resultó ser una trampa: en la propia puerta de la prisión fue amenazada por un hombre armado que la condujo a un sótano cercano a la cárcel.

Más tarde fue trasladada en un vehículo hasta Villavicencio y en el trayecto fue víctima de tortura, maltrato y abusos. Durante una década el caso estuvo prácticamente parado, hasta que en 2012, tras un cambio de fiscal, fueron vinculadas tres personas, los únicos condenados hasta el momento.

Los exparamilitares Alejandro Cárdenas («J. J.») y Jesús Emiro Pereira Rivera («Huevoepizca»), condenados a 30 y 40 años de cárcel, respectivamente, y «el Panadero», sentenciado a 28 años de prisión.