El Pleno del Congreso ha debatido este martes una Proposición no de Ley de EH Bildu para convertir en «derechos sociales permanentes» las medidas contempladas en el llamado «escudo social» aprobado por el Gobierno español durante la pandemia. La propuesta ha contado con el apoyo de los partidos del Ejecutivo, PSOE y Podemos, después de que hayan llegado a un acuerdo con la formación soberanista para incluir las enmiendas presentadas por estos últimos.

El primer punto del acuerdo alcanzado insta a «prorrogar, mientras sea necesario por el mantenimiento de las circunstancias que motivaron su adopción, y a hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente, la aplicación de las medidas de protección social relativas a viviendas y suministros básicos», atendiendo específicamente «las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social». En segundo lugar, se acuerda la prórroga de las medidas «mediante Real Decreto-Ley antes del vencimiento del plazo de vigencia fijado para cada medida».

EH Bildu reivindica en su proposición hacer permanente la prohibición de desahucios y lanzamientos sin alternativa habitacional y del corte de suministros básicos para hogares vulnerables, así como facilitar aplazamientos en el pago del alquiler para personas vulnerables cuando el propietario es una empresa, una entidad pública o un gran tenedor.

PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda al texto de EH Bildu, en la que plantean la prórroga de estas medidas «mientras sea necesario por el mantenimiento de las circunstancias que motivaron su adopción».

«Si durante más de año y medio estas medidas han sido posibles y han protegido a los colectivos más vulnerables, es necesario y urgente que así siga siendo; sin plazos, sin parches, de una forma estructural y permanente», ha asegurado el diputado Oskar Matute, quien recuerda que las sucesivas prórrogas de estas medidas –muchas de ellas prolongadas in extremis– han generado miedo e incertidumbre en las familias que se enfrentan a situaciones extremas como son los desahucios o los cortes de suministros. «Es hora de ofrecer seguridad y estabilidad a todas ellas asegurando la defensa de los derechos básicos como el acceso a una vivienda digna y el suministro de luz, gas y agua», recalca Matute.

Concretamente, el acuerdo alcanzado pasa por prohibir el tiempo que sea necesario los cortes del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua, suspender los desahucios sin alternativa habitacional y aplazar de manera temporal el pago de la renta de alquiler en situaciones de vulnerabilidad. Dichas medidas serán prorrogadas mediante Real Decreto-Ley antes del próximo 31 de octubre, fecha en la que termina el plazo de vigencia fijado para las medidas, tal como se recoge en el escrito firmado por miembros de las tres grupos parlamentarios.

Desde EH Bildu se ha puesto en valor el acuerdo conseguido por considerar que «ayudará a atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social por culpa de la crisis socioeconómica derivada de la pandemia». Matute cree que es un paso en la buena dirección que favorecerá a los sectores más desfavorecidos y golpeados por la pandemia. «Si el escudo social, la vivienda, la energía, la luz y el agua son derechos fundamentales hay que buscar espacios que lo garanticen y lo blinden de manera permanente. El acuerdo conseguido hoy va en esa dirección», ha recalcado.

Apoyo del Gobierno

Por parte de Podemos, la diputada Pilar Garrido ha destacado el «impacto terrible» de la covid-19, y ha recordado que esta crisis «sabe de raza, sabe de género y sabe de clase», ya que cree que «se ha concentrado en los colectivos más vulenrables». Por ello, ha recordado que las medidas del escudo social han ayudado a paliar la situación de muchas familias, y se han mostrado favorables con la prórroga de las medidas.

En el caso del PSOE, la diputada Sonia Guerra también se ha mostrado predispuesta a apoyar la propuesta de EH Bildu, si bien ha anunciado que su grupo estaba trabajando en una enmienda transaccional que finalmente ha llegado a buen puerto. En lo referente al escudo social, ha valorado que el Gobierno de Sánchez ha sido «ejemplar» a la hora de tomar medidas económicas y sociales «para no dejar a nadie atrás», así como la creación el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Junto a los partidos del Gobierno, también votarán a favor BNG y ERC. El diputado gallego Néstor Rego se ha mostrado de acuerdo en que «no se puede permitir que el final de las medidas temporales amenace las condiciones de vida» de la ciudadanía. El diputado republicano, Gabriel Rufián, ha destacado que su grupo y EH Bildu, «los antiespañoles, según algunos de ustedes, estamos defendiendo cosas de primero de decencia, como que la gente pueda comer».

La derecha, encallada

Desde la derecha española, en cambio, el discurso ha ido por otro lado totalmente ajeno. Lejos de valorar y debatir la propuesta de EH Bildu, los portavoces del PP, Vox y UPN han sacado una vez más a la palestra a ETA, las ocupaciones e incluso Venezuela. Tal ha sido el ensimismamiento del diputado navarro Carlos García Adanero con el papel de la izquierda abertzale en el desarme de ETA que el vicepresidente primero de la mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le ha tenido que recordar el titulo de la moción para que se remitiera a la misma.

Si de verdad estuvieran preocupados por el dolor de las víctimas dirían que ETA no debió existir, que ayudarán a esclarecer los crímenes sin resolver, qué no habrá más homenajes a etarras, que se arrepienten de haber pertenecido a ETA
Un pacto con ellos legitima el terror de ETA pic.twitter.com/AVJoA3Apnj

— Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) October 19, 2021

El mismo hilo ha seguido la diputada de Vox, Cristina Esteban, que además ha alertado al Gobierno del peligro de la «ocupación ilegal» y ha pedido que piensen en los propietarios de viviendas que «han sufrido la pandemia». «Apártense del partido de Otegi y acérquense al partido de Ortega Lara», ha recomendado Esteban al Gobierno, en el marco del debate, recordemos, sobre la vivienda.

Finalmente, la diputada del PP María Soledad Cruz-Guzmán ha acusado a Matute de querer incluir a 12 millones de ciudadanos españoles en «estas medidas bolivarianas». Cruz-Guzmán ha denunciado que las medidas del escudo social «no protegen a los más vulnerables», sino que «los somete», y que el plan es «un ataque a las empresas y autónomos, que son la locomotora de este país». «Lucharemos para defender la propiedad privada sin ninguna fisura», ha anunciado la diputada.