La causa por «terrorismo» contra trece presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) sigue adelante en la Audiencia Nacional tras el rechazo del juez a anular las actuaciones a petición de los procesados al sostener que «no se ha producido indefensión alguna» que merme su derecho de defensa.

Las defensas de los procesados, del colectivo Alerta Solidària, pidieron la nulidad de la causa al considerar que se les ha causado indefensión porque no han tenido acceso a dos investigaciones de las que supuestamente deriva el caso, una de ellas de 2017, y que permanecen bajo secreto de sumario.

Un argumento que han rechazado tanto la Fiscalía como el juez Manuel García Castellón, quien afirma en el auto donde desestima su petición, fechado el 25 de octubre y al que ha tenido acceso Efe este jueves, que «no concurre indefensión material alguna».

El magistrado propuso juzgar por un delito de «terrorismo» a trece presuntos miembros de los CDR que planearon supuestamente «sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales», en respuesta a la sentencia del procés en 2019.

Según el auto, el juez ve «absolutamente inviable» la petición de las defensas de incorporar a la causa la totalidad de las citadas diligencias que se remontan a 2017, y califica de «artificial» su solicitud de nulidad de actuaciones.

Afirma que son diligencias que aún se encuentran en periodo de investigación y declaradas secretas, de modo que «no es posible acceder en este momento a esa petición», sin perjuicio de que «una vez alzado el secreto, se planteé si es conveniente». Pero deja claro que el hecho de que la investigación en la que los trece CDR están procesados parta de un procedimiento principal no implica que en éste haya diligencias que les afecten.

Es evidente, continúa, que las únicas pruebas que podrán utilizarse contra ellos son las diligencias que sí están incorporadas al sumario «y nada de lo que no recojan dichos testimonios puede ser utilizados en contra de los mismos». Por eso, concluye, pretender tener acceso a otros procedimientos que afectarían a otras personas «no puede afectar» a la posición procesal de los imputados en esta causa.

La indefensión existiría, explica el juez, cuando alguna de las partes está «en una posición de desigualdad», algo que, dice, no se puede afirmar en este caso, en el que hay «una posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos, sin importar la limitación ni la trascendencia de las facultades de defensa que, en la cuestión examinada, no han sido restringidas».

Aparte de la Fiscalía, también se opuso a la nulidad la acusación popular ejercida por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), cuya representación ejerce el despacho Fuster-Fabra Abogados, quien indicó en su escrito que «una irregularidad jurídico procesal no siempre lleva aparejada una indefensión jurídico material».