El Movimiento Feminista de Gasteiz y Apasos han acusado este lunes al Gobierno Urtaran de «complicidad» con la violencia machista. En un comunicado, han censurado que la siete voluntarias de Apasos que denunciaron haber sufrido abusos sexuales, humillaciones y trato vejatorio por parte de un trabajador de la Perrera Municipal han sido «revictimizadas y castigadas por el Ejecutivo de Gorka Urtaran, que nunca se ha responsabilizado lo más mínimo».

«Los representantes del Gobierno PNV-PSE no han apoyado y protegido a las mujeres agredidas en una instalación municipal y han demostrado no creer en su palabra», han manifestado, y han alertado de que, «por difícil de imaginar que resulte, les han pedido que sean ellas quienes empaticen con las personas denunciadas en el proceso judicial por este caso».

Según han recordado, «los abusos, las humillaciones y el trato vejatorio comenzaron en la perrera de Armentia en la primavera de 2018 y los responsables municipales tuvieron conocimiento de estas en septiembre de 2019».

«Los superiores inmediatos del abusador y la jefa de la Unidad de Salud Pública, conocieron los abusos; y en la investigación judicial ha salido el nombre del director de Deportes y Salud, quien parece que también tuvo noticia de éstos, lo que apuntaría a que su jefa directa, la concejala de Deportes, la concejala de Igualdad por aplicación del Protocolo del Ayuntamiento de Violencia Machista, y el teniente de alcalde y mano derecha de Gorka Urtaran, Iñaki Gurtubai, también. Ninguno hizo absolutamente nada pese a las demandas de las mujeres que sufrieron violencia», han denunciado.

Asimismo, han censurado que «el abusador pudo actuar gracias a la vista gorda de otros trabajadores de la perrera, de los responsables de la misma, y de los ex responsables de la Protectora Apasos, que tenían datos para conocer la situación y nunca dieron importancia a lo que estaban sufriendo las voluntarias».

«Las instituciones no se han responsabilizado ni han sabido dar respuesta adecuada a esta situación: ni el Ayuntamiento, ni Emakunde han tenido el más mínimo gesto con las mujeres agredidas, pese a haber tenido múltiples oportunidades para ello. Lejos de mostrarles apoyo y trabajar para la reparación del daño, la valiente decisión de las víctimas de reclamar sus derechos les ha valido el castigo del Ayuntamiento», han criticado.

«Violencia institucional»

A juicio del Movimiento Feminista y de Apasos, lo ocurrido en la perrera «ejemplifica a la perfección la violencia institucional, y es que no vale con ponerse chapas moradas cada 25 de Noviembre como harán, casi seguro, los miembros del Gobierno municipal, si luego durante el año se permite y se perpetúa la violencia dentro de casa».

«Exigimos no solo que no se vuelva a repetir, sino que se señalen los responsables de la situación y se depuren responsabilidades para una verdadera reparación de la violencia ejercida contra estas siete voluntarias», han indicado antes de afirmar que «el Gobierno municipal tiene al teniente de alcalde y a tres trabajadores bajo investigación como consecuencia de las agresiones machistas ocurridas en las instalaciones municipales».