EH Bildu había presentado una proposición no de ley en la que planteaba la necesidad de adoptar medidas para acabar con el «diferencial» existente entre los pisos y habitaciones turísticas inscritos en el registro oficial de la CAV –que ha cifrado en torno a los 4.000–, y los que aparecen en las plataformas digitales que ofrecen este tipo de alojamientos, que son cerca de 5.000.

Finalmente, el grupo soberanista ha acordado con PNV y PSE una enmienda transaccional, que este jueves ha sido respaldada por PP+Cs, mientras que Elkarrekin Podemos-IU y la parlamentaria de Vox le han dado un apoyo parcial, al respaldar únicamente el primero de los tres puntos del texto.

En ese primer apartado se insta al Ejecutivo a que, en el plazo de seis meses, elabore un estudio «integral» sobre la oferta «real» de alojamientos de uso turístico, actualizando el ya elaborado en 2017.

A través de este estudio se pretende lograr una «radiografía actualizada» del sector y comprobar «el cumplimiento de los requisitos que establecen la Ley de Turismo y el decreto de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico.

En el segundo punto de la enmienda se insta al Gobierno a que continúe con su labor de inspección de viviendas y habitaciones para uso turístico, así como que «prosiga, y en el caso de que se vea necesario, refuerce», la labor de control y cese de la «oferta clandestina» con acciones de inspección y sanción, y con la implementación de herramientas como el buzón habilitado para recoger denuncias de la ciudadanía.

Además, se reclama al Ejecutivo que facilite la información pertinente para que los titulares de estas viviendas y habitaciones puedan conocer «las alternativas y ventajas del sector del alquiler residencial».

«Herramienta eficaz»

En el transcurso del debate, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que el estudio encargado al Gobierno de Iñigo Urkullu puede ser una «herramienta eficaz» para ayudar a retirar del mercado los alojamientos turísticos no registrados y «hacer cumplir la ley» a sus propietarios.

El parlamentario del PNV Unai Grajales se ha mostrado partidario de actualizar la «fotografía» del sector con el fin de comprobar «cómo se va configurando y dimensionando».

En nombre del PSE, Susana Corcuera ha afirmado que el turismo es un sector «clave» para la economía de la CAV y ha defendido el sistema contemplado en la normativa vigente para la regulación, control e inspección de las viviendas y habitaciones turísticas.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández ha denunciado el impacto «nocivo» de la proliferación de pisos turísticos sobre el precio de los alquileres de vivienda, que se ve incrementado de forma importante por este fenómeno.

Por parte de PP+Cs, Muriel Larrea ha considerado que es importante contar con un estudio actualizado que ofrezca una imagen «real» sobre los alojamientos turísticos, por lo que ha apoyado la iniciativa. Mientras tanto, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha señalado que «no es el momento de perseguir a quienes quieren vivir del turismo».