Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Funcional, LAB ha realizado movilizaciones en Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea para reclamar la inserción social y laboral de las personas con diversidad funcional, además de servicios de calidad para las personas de este colectivo.

LAB ha puesto encima del mesa la realidad del ámbito de la diversidad funcional en el plano laboral, y ha denunciado que «la exclusión, la excepcionalidad y la discriminación continúan siendo las características del derecho al empleo» de estas personas. «La tasa de desempleo castiga doblemente a las personas con diversidad funcional siendo aún más grave la situación de las mujeres y mayores de 45 años», ha subrayado.

Según el sindicato, el incumplimiento por parte de Lakua y Lanbide de sus obligaciones para garantizar que las empresas contraten al 2% a personas con diversidad funcional, vía intermediación e itinerarios individualizados, tiene como consecuencia que las medidas alternativas a cumplir por las empresas, que debieran ser excepcionales, se conviertan en norma.

«A día de hoy, el empleo protegido en los centros especiales de empleo, lejos de ser una medida transitoria hacia el empleo ordinario, se ha convertido en una medida finalista. Continua la discriminación respecto al resto de personas trabajadoras, por la existencia y utilización del contrato temporal sin causa y el contrato de bajo rendimiento, que supone una reducción del 25% del salario por efectuar las mismas funciones que el resto de personas trabajadoras. Todo ello, para beneficio del inmenso lobby que suponen los Centros Especiales de Empleo y a costa de salarios vinculados al Salario Mínimo Interprofesional y relaciones laborales con bonificaciones en los salarios y en la Seguridad Social. A costa de precarias condiciones laborales, dinero público y dejación institucional», ha denunciado LAB.

A su vez, ha asegurado que los servicios destinados a personas con diversidad funcional de responsabilidad foral tienen como fundamento «un modelo de financiación publica y gestión privada, netamente asistencialistas y sin regulación propia y opaca mediante convenios entre Diputaciones y entidades sin la participación de personas trabajadoras y usuarias». Según han informado, las ratios de atención no están reguladas y son insuficientes así como la política en materia de prevención de riesgos laborales de las entidades.

LAB ha manifestado que Lakua y las Diputaciones impiden que las personas con diversidad funcional sean sujetos de pleno derecho y que los servicios destinados a las personas con diversidad funcional tengan como base «la desregulación, la falta de reconocimiento y la precariedad de las condiciones laborales de las personas».

Por todo ello, LAB exige la implicación por parte del Gobierno de Lakua y de las Diputaciones que garanticen que las personas con diversidad funcional tengan derecho a elegir un empleo libre, digno y de calidad.