Las Juntas Generales de Bizkaia han acogido este martes el primer paso para el debate y posterior aprobación del anteproyecto de norma foral sobre implantación de un canon a vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas carreteras del territorio, que fue aprobado por el Gobierno de la Diputación el pasado 15 de abril.

El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha comparecido ante la comisión correspondiente del Parlamento vizcaino para explicar el contenido del anteproyecto, que también trasladará tanto el propio sector del transporte de mercancías, como a vecinos y ayuntamientos por los que transitan, para «escuchar sus aportaciones y mejorarlo».

Según ha afirmado, el canon se aplicaría a diversos tramos de las carreteras vizcainas con más alta intensidad media diaria de circulación (más de 1.000 vehículos al día) y a camiones de más de 3,5 toneladas con el objetivo de que «contribuyan al mantenimiento de esas calzadas y bajo el espíritu de la normativa europea que dice quien usa y contamina, paga».

Dichos tramos son la A-8 y la BI-10, desde Basurto hasta el Haya; en la N-240 por Barazar, desde El Gallo hasta la variante de Ubidea; en la N-636 desde Durango a Gipuzkoa (Kanpazar); en la BI-30 (antigua N-637), entre Erletxes y Rontegi; y en la BI-625, desde Laudio hasta Basauri.

Sobre la cuantía de los peajes, Pradales ha afirmado que todavía no se ha elaborado una propuesta al respecto, y que se aprobará en un decreto. Ha anunciado que este decreto incluirá bonificaciones y diversos medios de pagos.

«No daremos un cheque en blanco»

Por parte de la oposición, Raúl Méndez Urigoitia, de EH Bildu, ha mantenido que no darán un «cheque en blanco» al Gobierno foral en relación a este anteproyecto, y ha reclamado que el Ejecutivo provincial promueva «un debate real» con todos los afectados.

«Si se llega a un consenso fruto de ese debate, ya nos posicionaremos en el pleno de las JJ.GG.», ha dicho.

Eva María Cabornero, de Elkarrekin Bizkaia (EB), ha recalcado que la normativa europea «no obliga» al establecimientos de peajes y tras resaltar que existen más factores de «deterioro y contaminación» de las carreteras que el tráfico de vehículos pesados, se ha reservado la opción de presentar enmiendas en un futuro para «mitigar el agravio económico que supondrá el peaje para un sector que lo esta pasando mal».

El juntero del PP, Eduardo Andrade, ha afirmado, por su parte, que el anteproyecto «no satisface» a su partido ya que «mientras que en toda España se eliminan los peajes, en Bizkaia se lleva el camino contrario», con el fin de «intentar reconducir el tráfico hacia la Supersur, que a día de hoy no la utiliza nadie»

Los representantes de los partidos que sustentan el gobierno foral, Naia Landa (PNV) y Víctor Trimiño (PSE/EE) se han mostrado de acuerdo con el anteproyecto porque «ayudará a evitar la saturación y el colapso de determinadas vías y la infrautilización de otras más rápidas».

En la misma comisión, el PP ha presentado una propuesta para rechazar el convenio interadministrativo para la regulación y coordinación de competencias sobre el tramo de la autopista AP-68 que discurre por el territorio de la CAV, firmado por las diputaciones de Bizkaia y Araba y el Gobierno español. Su propuesta ha sido desestimada por PNV, PSE/EE, y EB, mientras que EH Bildu se ha abstenido.

En relación a este convenio, Bizkaia subvencionará a partir de octubre los trayectos en esta vía de peaje, gestionada por la concesionaria AVASA hasta noviembre de 2026, con un límite de gasto mensual de 34,55 euros al mes en los tránsitos en Bizkaia y de 50,54 euros al mes si utiliza el tramo de Araba.