Pese a que el gasto en Servicios Sociales durante la pandemia subió un 10%, la realidad es que estos servicios no han mejorado. Al menos, esta es una de las conclusiones del Índice de Desarrollo (conocido como índice DEC) en su última actualización, donde la mayoría de las comunidades han bajado en cuanto a su valoración. Entre ellas, ha descendido la valoración de estos servicios de la CAV, lo que ha hecho que perdiera este liderazgo en el ranking estatal. Nafarroa es de las pocas comunidades que ha mejorado, lo que le ha servido para colocarse primera.
Lo que sí es notable es que el gasto en Servicios Sociales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba es el más alto de todas las comunidades, 1.000 euros por habitante, frente a los 600 de Nafarroa. Además, la caída en el indicador es tan notable que el mismo informe recoge que la pérdida puede deberse a que la administración de la CAV no ha facilitado toda la información pertinente. Así, la caída ha sido de 2,02 puntos, tras caer de 7,95 a 5,93, aunque deba cogerse con precaución. Por otro lado, el gasto anormalmente alto de la CAV se debe a inversiones en infraestructuras y no se consolidará en el tiempo.
Nafarroa ha obtenido, por su parte, 7,39 puntos y la segunda ha pasado a ser Castilla y León (6,89).
En el lado contrario se encuentra Madrid, que tiene la peor valoración, un mal dato que va acorde con lo que invierte en Servicios Sociales: 357 euros por habitante. Lo mismo lo ocurre a Murcia. Cabe resaltar del dato madrileño que el gasto va vinculado al habitante y que, siendo la comunidad más rica de todas, que su gasto por habitante esté entre los más bajos resulta todavía más grave.
Otra forma de ver esta diferencia en los servicios que ofrecen unas comunidades frente a otras se aprecia al ver cada cuántos habitantes hay un profesional de servicios sociales. Nafarroa tiene una ratio de 1 por cada 739 habitantes, frente a 1 por cada 5.515 habitantes, que es la cifra de Madrid.
Además de que ese 10% de esfuerzo inversor no se ha notado debido al covid, este informe rompe la tendencia de mejoría constante de estudios anteriores y que se había hecho tendencia desde el año 2016, cuando se activó el llamado Plan de Choque que, sin llegar a hacer honor a esa denominación, sí que había cambiado la tendencia destructiva que acompañó a los gobiernos del PP.
Gustavo García, coordinador del informe, asegura que es urgente una revisión del sistema para hacerlo más eficiente, pues resulta imposible mantener una parte esencial del estado del bienestar como son los Servicios Sociales con semejantes diferencias.
