Millares de personas indígenas venidas de lejos avanzan sobre un Quito exhausto y militarizado, dispuestos a quedarse hasta que el Gobierno ceda a sus reclamos o caiga. A su paso, las calles se vacían y los comercios cierran.

Los manifestantes recuperan fuerzas en la noche del miércoles al jueves, albergados en dos universidades, y antes del mediodía se dispersan en grupos. Llevan palos, escudos artesanales y whipalas, la bandera multicolor de los pueblos originarios de los Andes.

En las columnas de indignados sobresalen los ponchos rojos. Atrás van dejando barricadas con troncos y neumáticos quemados, y hogueras a plena luz del día. Un sector del norte de la ciudad comienza a paralizarse.

«Puede ser un mes, pueden ser dos meses (...). La guerra vendrá, pero aquí vamos a luchar» hasta sacar al presidente, clama María Vega (47 años) quien sobrevive haciendo varios oficios.

Cuando las fuerzas combinadas de soldados y policías atajan su marcha, ellos cambian de rumbo. Los accesos a la sede presidencial están bloqueados con vallas metálicas, alambres de cuchillas y piquetes de uniformados.

Tres presidentes derrocados como antecedente

El mandatario Guillermo Lasso, un exbanquero conservador con un año en el poder, ve en la revuelta un intento por derrocarlo. No en vano, el país ganó fama de ingobernable tras la salida abrupta de tres presidentes entre 1997 y 2005 ante la presión de los indígenas.

Ni el despliegue militar ni el toque de queda, ni los insultos de los afectados por el bloqueo, los disuaden. Desafían el estado de excepción en las narices del Gobierno, que sacó a los militares de los cuarteles para tratar de recuperar el control.

«Ellos tienen armas. ¿Cómo se va a comparar un arma con un palo o con una piedra? No nos pueden poner en condiciones de igualdad», comenta a AFP Luzmila Zamora (51 años).

Hace once días que dejaron sus comunidades rurales, pero hasta el lunes no llegaron a Quito con una queja común: el elevado costo de la vida. Quieren que el Gobierno decrete una rebaja de los precios de combustibles, entre otras medidas que alivien la escalada de la canasta familiar.

«Queremos un gobierno que trabaje para el pueblo, para el Ecuador entero, no solo para la clase alta», reclama Zamora.

«Cavar su tumba»

Al frente de las protestas, en las que han muerto dos manifestantes y se cuentan decenas de heridos incluidos los uniformados, está la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El líder de la organización, Leonidas Iza, aparece entre la multitud con megáfono en mano para reafirmar su disposición a un diálogo condicionado, no sin antes cuestionar a Lasso. «¿Tenemos respuestas compañeros?», pregunta. «¡Nooooo!», le responden cientos de personas a su alrededor.

En otro punto de la manifestación, Marco Vinicio Morales, un pastor evangélico de 40 años, dice que no entiende cómo un país «con producción de petróleo a gran escala, oro y plata» esté sufriendo por «el alto costo de la vida». Así que, «si no hay respuesta, el mismo Lasso va a cavar la tumba y debe ser destituido», remarca.

Además del tema de los combustibles, la Conaie pide un año de moratoria en los créditos con la banca y una política de control de precios frente a la especulación y el deprimido mercado de alimentos. «Los costos de los químicos están tan elevados que los agricultores tenemos que trabajar a pérdida», resume Zamora.

Otras reivindicaciones, como la de mayor presupuesto para salud y educación, se suman al abanico de reclamos.

Pero la movilización también impacta a los comerciantes y empleados de Quito, que intentan recuperarse tras la severa crisis que trajo la pandemia.

Un racismo soterrado que aflora

En 2019 los indígenas avanzaron sobre Quito para que el Gobierno de la época desistiera de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, en la práctica, eliminaba millonarios subsidios a los combustibles.

Al cabo de casi dos semanas consiguieron su objetivo, pero dejaron una estela de resentimiento entre las clases media y alta. Soterrado por algún tiempo, el racismo afloró con una alta dosis de rabia. Entonces murieron once manifestantes y hubo un millar de heridos en todo el país.

Tres años después algunas escenas se repiten. Avenidas cortadas, accesos militarizados, comercios cerrados y una ciudad dividida en bandos.

Efrén Carrión, un chef de 42 años, ya siente el impacto. «De lunes a viernes se vendían 120 almuerzos diarios y en estos días son 10 o 25 máximo», comenta.

Y lamenta que a causa del gas lacrimógeno «los clientes salgan corriendo sin pagar». «La mejor revolución es trabajar y llegar a un acuerdo, dialogar, el pueblo no tiene culpa de esto», comenta.

Las protestas vaciaron edificios céntricos. «Se han suspendido audiencias y, si no hay audiencias, no pagan. Han ahuyentado a los clientes», se lamenta el abogado Hugo Castro (55 años).

Los indígenas saben bien el malestar que causan. «Nos insultan, nos dicen que somos vagos, que los dejemos trabajar, pero ellos no pasan necesidades, no entienden», replica Diana Segovia (32 años), comerciante ambulante de ropa.

Mientras, el fuego del descontento sigue ardiendo en Quito sin que se sepa cuánto tardara en extinguirse.