La Justicia salvadoreña ha condenado a 50 años de cárcel a una joven que sufrió a los 19 años un aborto, un hito sin precedentes en el país centroamericano ya que es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que hace más de dos décadas se penalizó la interrupción del embarazo en toda circunstancia.

Los hechos se remontan a junio de 2020, cuando Lesli acudió a la letrina sin saber que había comenzado el parto. «Sentí que algo me salía», cuenta la joven, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que ha asegurado que Lesli desconocía lo que estaba ocurriendo.

Tras pedir ayuda, familiares y vecinos llamaron a la Policía y la joven fue primero al hospital y luego a la cárcel. De hecho, no pudo asistir a la primera vista –en la que se dictó prisión provisional– porque aún arrastraba problemas médicos derivados de la emergencia obstétrica, ha explicado la Agrupación.

El proceso concluyó en primera instancia el 29 de junio, con una condena de 50 años de prisión. La organización ha anunciado que recurrirá y ha cuestionado el proceso en sí, señalando por ejemplo que el juez haya incluido entre sus argumentos que «las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue».

A su juicio, el juez ha dictado esta sentencia basándose «en meros prejuicios de género».

Extrema pobreza

Asimismo, ha lamentado que no se tuviesen en cuenta algunas de las pruebas presentadas por la defensa y que aluden, por ejemplo, a las circunstancias familiares de la joven, la tercera de siete hermanos en una familia que vive en la extrema pobreza y sin acceso a recursos educativos.

«Hemos tratado de cerrar la página de la triste historia de El Salvador que condena injustamente a mujeres empobrecidas por emergencias obstétricas, pero el estado salvadoreño, una vez más, continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derechos ni condiciones para defenderse», ha lamentado la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera.

El Salvador es uno de los países más restrictivos del mundo para el aborto, de tal forma que en numerosas ocasiones la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, deriva en acusaciones por homicidio. El Gobierno de Nayib Bukele no tiene previsto introducir cambios a corto plazo en la legislación.

Desde 2009, 65 mujeres, la mayoría de escasos recursos, han sido liberadas tras ser condenadas por abortos espontáneos o emergencias obstétricas gracias al apoyo de Acdatee u otras organizaciones feministas, pero unas diez siguen encarceladas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el año pasado al Estado salvadoreño por la muerte en 2010 de Manuela en prisión, donde cumplía una condena de 30 años por un parto no médico calificado por la justicia de «homicidio con agravantes».