El Gobierno francés va a instaurar a partir de octubre una medida de ayuda selectiva para quienes utilizan el coche para trabajar que vendrá a sustituir la subvención al precio del carburante, que de los 18 céntimos por litro actuales se reducirá progresivamente hasta anularse a finales de año.

El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha anunciado ese nuevo dispositivo «más selectivo» que va a «apoyar al que trabaja» porque «nuestras finanzas públicas no nos permiten» mantener la subvención indiscriminada al precio del carburante que se venía aplicando.

«Los 18 céntimos se van a reducir a 16, 12 y 10, lo haremos muy paulatinamente pero a fin de año ya no habrá descuentos en combustibles», ha explicado en una entrevista a la emisora Europe 1.

Le Maire ha señalado que la rebaja del precio de los combustibles le cuesta 800 millones de euros mensuales a las arcas públicas, mientras que la futura ayuda selectiva para quienes necesitan el coche para trabajar supondrá unos 2.000 millones «para todo el año».

Ha admitido que no se va a aplicar a esta crisis de la inflación y de la escalada de los precios de la energía la doctrina del «cueste lo que cueste» que se puso en práctica durante la crisis de la covid y que supuso poner dinero público de forma masiva en la economía porque no es posible con la situación actual de las cuentas públicas: «Hemos llegado a la cota de alerta», ha argumentado.

El nuevo dispositivo de ayuda para el carburante va dentro de un proyecto de ley sobre el poder adquisitivo que el Gobierno francés debe aprobar esta tarde en un Consejo de Ministros.

En ese paquete de medidas también estará la prolongación del llamado «escudo de tarifas» que supone la limitación de la subida del gas y de la electricidad, pero también una revalorización del 4% de las pensiones con efectos retroactivos desde el 1 de julio y de las prestaciones sociales.

En la misma línea, se revalorizará el sueldo de los funcionarios, se limitará el aumento de los alquileres de viviendas al 3,5% durante un año y se creará para nueve millones de familias con bajos ingresos un cheque alimentario de 100 euros a los que se añadirán 50 euros por hijo.

Le Maire ha avanzado que este paquete podrá financiarse gracias a los ingresos excepcionales que está consiguiendo el Estado, sobre todo por el impuesto de sociedades, gracias al aumento de los beneficios de las empresas el pasado año, y por la progresión de las cotizaciones sociales, gracias al crecimiento del empleo.