La decisión de las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa de deflactar la tarifa del IRPF que anunció Iñigo Urkullu ha creado cierta polémica sobre el carácter progresivo o no de la medida que no alcanzo a entender.

Como todo el mundo sabe, el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, que no carga el mismo porcentaje a todas las personas, sino que el gravamen va aumentando a medida que crecen los ingresos. Para lograr ese efecto, los ingresos se dividen en tramos y a cada uno se le aplica un tipo diferente. En el caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el primer tramo, por ejemplo, va desde cero hasta los 16.030 euros y se le aplica un tipo del 23%. En el siguiente tramo de 16.030 a 32.060 euros de ganancia se le aplica un tipo superior del 28%, y así sucesivamente. El último tramo es para rentas de más de 184.950 euros y el tipo que se aplica es el 49%. De este modo, cuanto mayores ingresos, mayor es la proporción que se paga, de ahí el carácter progresivo del impuesto.

A una persona que declare, por ejemplo, 16.000 euros se le aplicará solamente el primer tramo y pagará 3.680 euros. Ahora bien, en una situación como la actual, en la que la inflación alcanza el 10% lo más probable es que ese trabajador que gana 16.000 consiga algún aumento de sueldo, por ejemplo de un 5%. Evidentemente esa subida queda lejos de compensar la pérdida de poder adquisitivo -el coste de la vida sube el 10% y el sueldo solo el 5%-, pero algo es algo. De este modo, el año siguiente declarará unos ingresos de 16.800.

Cuando vaya calcular la cuota que le corresponde pagar se encontrará con la siguiente situación. Hasta 16.030 se le aplicará el 23%, como el año anterior, pero al resto, los 760 hasta completar los 16.800 que ha ganado, se le aplicará el siguiente gravamen de la escala, es decir, el 28%. Es como si el IRPF entendiera que ese año, como ha ganado más, es más rico y en consecuencia le corresponde que se le aplique una tarifa mayor, cuando en realidad es más pobre porque aunque ha ganado más (un 5%), el coste de la vida ha subido todavía más (un 10%).

La deflactación

A este fenómeno se conoce como progresión en frío, porque la inflación hace que el trabajador vaya subiendo por la escala sin que necesariamente sea más rico que el año anterior, simplemente porque la inflación ha subido. Para corregir esa injusticia, se suele deflactar la tarifa, es decir, se suben los tramos en la misma proporción que la inflación. En el ejemplo anterior, el primer tramo debería pasar de 16.030 hasta 17.633, de modo que al trabajador al que solo le han subido el sueldo hasta 16.800 seguiría en el tramo del 23%.

Es un ajuste que debería ser técnico, es decir, hacerse de oficio para evitar esa progresión en frío. Sin embargo, eso no suele ocurrir. Mantener la escala sin cambios hace que la recaudación aumente. Por eso este año han hecho un par de chapucillas. La inflación en 2021 fue del 6,4% en la CAV, sin embargo, a principios de año las haciendas forales aplicaron una actualización de solo el 1,5%. Como la inflación ha continuado subiendo, ahora han decidido añadir otro 4% -¡a buenas horas!-, que con el 1,5% anterior suma el 5,5%, todavía 9 décimas por debajo del IPC del año pasado. Ya puestos, el ajuste de la escala lo podían haber hecho con el IPC oficial y no unas décimas por debajo para rascar un poco más. Roñosos o avariciosos.

La intuición dice que esas nueve décimas de inflación que no han aplicado les darán suficiente recaudación como para compensar lo que perderán por la otra medida que han acordado las tres diputaciones: rebajar la cuota a pagar en 200 euros a aquellas personas que hayan ganado menos de 35.000 euros anuales. Esta sí es una medida que añade progresividad al impuesto, al rebajar la presión fiscal a las rentas más bajas. Sin embargo, como acertadamente se ha criticado, no afecta a aquellas personas que ganan menos del mínimo y en consecuencia no tienen hacer la declaración: se quedarán igual aunque para ellas los precios también han subido.

Tal vez sea por las competencias en materia de impuestos que tienen las diputaciones, el caso es que ante cualquier problema lo primero que se plantea es tomar medidas fiscales, sean del tipo que sean. Sin embargo, a menudo su efecto resulta muy limitado, cuando no contraproducente. Los 200 euros de rebaja, por ejemplo, no llegarán a quienes no tiene que hacer la declaración, que son precisamente los que menos ingresos tienen y más sufren la subida de precios.

Los tipos de IVA

Lo más sorprendente es que sí existe un impuesto que tiene una influencia directa en el alza de los precios, pero por alguna razón nadie se acuerda de él. El IVA encarece los precios y aumenta la recaudación al mismo ritmo que crece la inflación. Si un producto cuesta 100 euros, con el 21% de IVA se venderá a 121 euros, esto es, 21 euros de IVA para Hacienda. Si la inflación sube un 10% y pasa a valer 110 euros, con IVA serán 133 euros, es decir 23 € de IVA para el fisco, dos euros más que en el ejemplo anterior, es decir, un 10% más de recaudación, tanto como ha crecido la inflación. De hecho, la recaudación de las tres haciendas forales hasta junio ha subido un 8,9% con respecto al año pasado, pero la recaudación del IVA ha subido todavía más, un 14,9%. Margen para la rebaja, sin duda, hay.

Todo el mundo paga el mismo tipo de IVA, independientemente de los ingresos. Supone una mayor carga para los que menos tienen y, por eso, se dice que es regresivo. Además de ser regresivo -otra forma de decir que es más gravoso para los más pobres-, la recaudación, teóricamente, sube al mismo ritmo de la inflación -si el consumo no varía mucho-, un chollo para el Gobierno y un claro exponente de la injusta Europa que se está construyendo. De hecho, el IVA solo se toca en situaciones desesperadas. Así, por ejemplo, cuando no había forma de embridar el precio de la electricidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió, como último recurso, echar mano de una rebaja del IVA.

En la actual situación bien se podría plantear una bajada del tipo general -ya de por sí excesivamente alto, casi parece más un impuesto sobre artículos de lujo-. Una bajada del tipo general reduciría la presión sobre los precios y al mismo tiempo aligeraría el peso de la inflación en las economías domésticas, especialmente en las de aquellos que menos tienen. Además, con el actual aumento del coste de la vida, apenas se notaría en la recaudación.

Alguien puede recordar que las haciendas forales no tiene competencia en IVA, únicamente lo recaudan. Ciertamente es así, pero el IVA tampoco es un impuesto español. La estructura general es Europea y los Estados básicamente tiene capacidad para modificar los tipos y poco más. En ese sentido, bien podría exigirse que la determinación de los tipos del IVA fuera una competencia de las haciendas forales. Si cada país en la Unión Europea tiene un tipo diferente y con ello no se rompe la sacrosanta unidad de mercado, no hay razón para que las haciendas forales no puedan establecer los tipos de IVA. Y eso sí que sería una importante herramienta para avanzar hacia la soberanía fiscal. Además, una rebaja del tipo general daría un importante impulso en la lucha contra la inflación. Todo son ventajas.