La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha admitido un proceso de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por la omisión de investigar la masacre de miles de indígenas y campesinos en 1932.

La abogada Claudia Interiano explicó este miércoles a Efe que la Sala, que notificó el martes su resolución de admisión a pesar de que fue emitida a inicios de noviembre de 2021, ordenó a la Fiscalía entregar un informe.

Detalló que la FGR debe aclarar, en un plazo de 24 horas a partir de que le sea notificada la resolución, «si es cierto o no que hubo una omisión de la investigación» de la masacre.

«Lo que esperamos es que se ordene directamente una investigación, es un crimen que no ha prescrito», agregó la letrada.

Entre enero y febrero de 1932, el entonces presidente de El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez, aplastó una insurrección indígena y campesina causando entre 25.000 y 32.000 muertos, según diversas fuentes.

El derecho a la verdad

La resolución de admisión, a la que Efe ha tenido acceso, indica que los familiares de las víctimas y la sociedad salvadoreña «necesitan obtener información sobre las circunstancias y los motivos por los que ellos y otras personas fueron desaparecidos o asesinados», además de saber «la identidad de los autores».

La Sala de la Corte Suprema indica que la falta de una investigación podría haber afectado los derechos «a la verdad, identidad cultural del pueblo indígena y protección no jurisdiccional».

Inicialmente, los demandantes presentaron un hábeas corpus por la desaparición de Pedro Rodríguez Lúe, José Cruz Rodríguez y Juan Rodríguez, pero esta fue rechazada y se convirtió en proceso de amparo.

El documento indica que Rodríguez Lúe «había ganado las elecciones municipales» de la localidad de Nahuizalco, pero «no pudo asumir el cargo».

La resolución también señala que «la matanza de 1932 fue ejecutada en el marco de una opresión hacia los pueblos indígenas que luchaban contra las políticas estatales orientadas a abolir su identidad».

Los jueces constitucionalistas se han abstenido de decretar medidas cautelares relacionadas con «garantías de no repetición», dado que la «reparación de daños» se establecería en una «eventual sentencia estimatoria».

Un millón de personas indígenas

En un estudió realizado en 2007, la Dirección General de Estadísticas y Censos estimó que en este país centroamericano hay alrededor de un millón de indígenas, que representan el 17% de la población.

Los pueblos indígenas de El Salvador incluyen a náhuas, pipiles, lencas, kakawiras y maya chortís.