Italia debate hoy sobre la legislación que permite amnistiar la construcción de casas irregulares y sobre la necesidad de demoler las que estén en zonas de riesgo, después del corrimiento de tierra en la isla de Ischia que ha causado ocho muertos y 230 desplazados.

«Primero daremos digna sepultura a las víctimas y después será el momento de hablar de responsabilidad y de correcciones porque la normativa actual necesita cambios concretos y, en ocasiones, incluso radicales», ha afirmado el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci.

En la madrugada del sábado las lluvias torrenciales sobre la isla de Ischia, frente al golfo de Nápoles, provocaron un corrimiento de tierra que afectó especialmente a los barrios altos de la localidad de Casamicciola, en su vertiente norte.

El barro sepultó casas enteras mientras la gente dormía y causó varias muertes. El balance provisional hoy cifra en ocho los cadáveres recuperados –incluidos tres niños, uno de ellos recién nacido–, cuatro desaparecidos, cinco heridos y unos 230 desplazados.

Mientras los equipos de emergencia siguen excavando en Italia ha surgido la polémica porque un tercio de las casas de esta isla turística, unas 27.000, habían solicitado una de las amnistías a construcciones irregulares ofrecidas en los últimos años.

Italia no solo es un país muy sísmico -el último gran terremoto asoló Amatrice en 2016 y dejó 300 muertos– sino que la mayoría de su territorio está en zonas en riesgo hidrogeológico, merced de aludes y corrimientos, dada su orografía montañosa (delimitado por el norte por los Alpes y recorrido de norte a sur por los Apeninos).

Sin embargo, en muchas ocasiones se construyeron barrios enteros en zonas amenazadas, como demuestra el caso de Ischia, donde unas treinta casas han quedado arrasadas por encontrarse no solo a los pies de la montaña sino en medio del descenso natural de eventuales barrancos.

Ley de Conte y Salvini

En el centro del debate hay una ley aprobada en 2018 por el gobierno del Movimiento Cinco Estrellas de Giuseppe Conte y la Liga de Matteo Salvini para reconstruir el puente de Génova y que incluía normas para la rehabilitación de algunas viviendas de Ischia destruidas por el terremoto de agosto de 2017, que dejó dos muertos.

En su artículo 25, titulado ‘Definición de los procedimientos para la condonación’, ofrecía dinero público para reconstruir las casas arrasadas, incluidas las «abusivas» que hubieran sido regularizadas en las tres amnistías precedentes, en 1985, 1994 y 2003.

Más allá de las críticas a Conte, que ha negado su intención de amnistiar estas viviendas irregulares, y al silencio de Salvini, actual vicepresidente, hoy varios exponentes del Ejecutivo han apuntado a la necesidad de cambiar esta normativa e incluso demoler las casas construidas en las zonas amenazadas.

El más tajante ha sido el ministro del Medio Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, quien ha apostado por «meter en la cárcel a los alcaldes y quienes permitan construir» ilegalmente y ha opinado que «confiscaría las casas irregulares para estudiar luego cada caso».

El problema de la financiación

Por su parte, el ministro Musumeci ha puesto cautela y ha defendido que sobre «la necesidad de proceder con la firma de órdenes de derribo de casas abusivas, sobre todo las que están en zonas de alto riesgo, primero hace falta una dotación financiera«, encontrar dinero.

«Es un tema complejo y difícil pero no podemos dejar solos a los alcaldes», ha abogado.

El gobernador de la región de Campania, a la que pertenece Ischia, Vincenzo de Luca, ha sostenido que «las personas deben entender que en algunas áreas no se puede vivir» y que «las construcciones en zonas frágiles desde el punto de vista geológico deben ser demolidas».