Ekologistak Martxan ha presentado este miércoles una denuncia contra la Diputación Foral de Araba ante la Fiscalía de Medio Ambiente por «la autorización de batidas» de caza «en zonas protegidas sin informes técnicos justificativos».

Estas batidas, según ha asegurado este colectivo en un comunicado, se produjeron en diciembre de 2019 en la Reserva Ornitológica, humedal de importancia internacional y Zona de Especial Conservación de las colas del embalse de Ullibarri.

Ekologistak Martxan ha afirmado que el diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, José Antonio Galera, «no dijo la verdad» en torno a este asunto en su comparecencia del pasado lunes ante las Juntas Generales de Araba.

Galera, en respuesta a una pregunta de Elkarrekin sobre este asunto, aseguró que la Diputación «no ha autorizado una partida de caza» en una Zona de Especial Conservación (ZEC), sino que el permiso de caza se limitaba a un coto próximo a ese espacio, y que la autorización para la ZEC no era para cazar, sino para «aventar y mover» a los jabalíes que allí pudieran encontrarse.

«El diputado mintió»

La organización ecologista ha señalado que según la definición que aparece en la ley de caza de la CAV, «es acción de cazar la ejercida por las personas mediante el uso de artes, armas, animales o medios homologados apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a animales, con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por una tercera, así como la ejecución de los actos preparatorios que resulten directamente necesarios para esos fines».

Ha subrayado que dada esta definición, «es evidente que entrar a una zona, vedada o no, con la intención de perseguir o acosar a animales y que estos fueran abatidos por terceras personas, tal y como dice el diputado de Medio Ambiente que es lo que se autorizó, entra de lleno en la definición de la acción de cazar». «Se puede concluir, por lo tanto, que el diputado no dijo la verdad en las Juntas Generales», ha manifestado.

La denuncia presentada contra la Diputación alude a un posible delito de prevaricación administrativa, «que está tipificada con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años», según ha explicado Ekologistak Martxan.