Una corte de Justicia de El Salvador envió este martes a juicio a un grupo de militares retirados, acusados de ser parte de un escuadrón de la muerte del Ejército y de asesinar a cinco personas en 1981, con lo que este caso se convierte en el primero de esta naturaleza en llegar a vista pública.

La jueza del caso, cuyo nombre es reservado por seguridad, ha leído  la resolución de la audiencia preliminar contra los cuatro militares implicados, la cual se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción de la oriental ciudad de San Miguel.

David Morales, jefe de Justicia Transicional de la organanización humanitaria Cristosal, ha informado de que la prueba presentada «ha sido suficiente como para que el Juzgado Primero de Instrucción decrete la apertura a juicio y el caso vaya a vista pública».

Morales ha destacado que este será «el primer caso por una grave violación a los derechos humanos perpetrada por un escuadrón de la muerte que va a vista pública, después que ha quedado sin efecto la ley de amnistía».

Una sentencia de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitió la reapertura de varios procesos por delitos de lesa humanidad, perpetrados en el contexto de la conflicto armado interno (1980-1992) y la mayoría atribuidos al Ejército.

Precedente importante

Morales ha explicado que la juez «ha aceptado toda la oferta probatoria» –que consiste en prueba documental y «fuerte» prueba testimonial– que ha presentado la querella, un equipo integrado por abogados de la organización de derechos humanos Cristosal que «representamos a las familiares de varias personas asesinadas en abril de 1981», ha apuntado.

«Consideramos que el caso sienta un precedente importante», ha subrayado el abogado según una declaración compartida por Cristosal.

Ha añadido que «el tribunal ha considerado que hay prueba suficiente para ir a vista pública, pero también ha valorado que se trata de un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra que, por lo tanto, no prescribe y que se da en un contexto de generalizadas y graves violaciones a los derechos humanos».

Los acusados son identificados por la Fiscalía como José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, quien ha sido declarado como rebelde por estar ausente.

En agosto de 2021 fueron detenidos José Benavides y José Orellana y el tribunal que inicialmente conoció el caso declaró crimen de lesa humanidad la masacre de las cinco personas, entre ellas dos adolescentes, por los exmilitares en el contexto del conflicto armado interno.

Los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares de extrema derecha conformados por militares y policías sin uniforme que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos o de sospechosos de ser guerrilleros.

La guerra civil enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido político de oposición.

El conflicto armado se saldó con unas 75.000 personas muertas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres. Tras una amnistía declarada en 1993, pasaron más de dos décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran juzgar.