Activistas de Bizi han desplegado en la fachada principal de la sede departamental en Baiona dos grandes banderolas para pedir el abandono del proyecto de nueva línea de alta velocidad.

Con esa acción, la asociación ha denunciado la decisión de la institución que preside el centrista Jean-Jacques Lasserre de secundar un plan de financiación de ese proyecto que, vía fiscal, impondrá el pago por más que los municipios afectados se hayan posicionado desde hace años de manera expresa en contra de la infraestructura.

El posicionamiento del presidente departamental contrasta con la opción hecha pública en la conocida como Declaración de Irun por la que los alcaldes de Irun, Baiona y Burdeos abogaron expresamente por la modernización de la vía ya existente y a los que se ha sumado, en días pasados, entre otros, el alcalde de Donibane Lohizune, el conservador Jean-François Hirigoyen.

Son más de 120 los electos que respaldan la declaración, según ha destacado Bizi.

Retrasar la Burdeos-Dax hasta después de 2038

La asociaición ha denunciado la actitud del Consejo General de Pirineos Atlánticos y de su presidente a la hora de defender a toda costa un proyecto al que se opone el territorio afectado por esa infraestructura incluida en el denominado Gran Plan de Desarrollo Ferroviario del Sudoeste (GPSO, por sus siglas en francés).

Bizi ha recordado que en diciembre de 2021 la Mancomunidad Vasca ya dio la espalda a ese proyecto en una decisión que obtuvo el aval de más del 80% de sus electos.

Cabe recordar que la institución de Ipar Euskal Herria ni siquiera se prestó a abordar el plan de financiación, limitándose a ratificar un rechazo «por principio» a la infraestructura.

Sin embargo, ello no ha impedido, según ha denunciado Bizi que, pasando por encima de la voluntad expresada por la institución de Ipar Euskal Herria, se haya puesto en marcha un mecanismo destinado a recaudar esos fondos vía un nuevo impuesto que deberán pagar todos aquellos ciudadanos que vivan a menos de una hora de una estación en la que para el TGV (TAV).

Ello implicará una carga impositiva para miles de ciudadanos vascos, en una coyuntura socioeconómica de por sí difícil.

Bizi ha estimado que ese impuesto no se sostiene, máxime a la luz del último informe del consejo de orientación de infraestructuras, que ha preconizado que el proyecto de nueva línea Burdeos-Dax –al que se añadiría eventualmente un ramal hasta la muga de Hendaia-Irun que hoy por hoy ni figura en la planificación– se aplace hasta después de 2038.

De ahí que la asociación haya demandado, mediante la acción que ha llevado a cabo ante el Consejo departamental, en Baiona, el abandono definitivo del proyecto y una apuesta decidida por alternativas que asuman los imperativos de la transición ecológica.

Según ha resumido su portavoz Antton Hariñordoki, en ver de optar por »«la imposición» de proyectos como esa nueva línea de LGV  «es hora de dar paso a proyectos que tienen como fin construir una Euskal Herria soberana, sostenible y solidaria».