La Fiscalía imputará y pedirá prisión preventiva contra 25 militares por una operación realizada en marzo de 2022 en la localidad de Puerto Leguízamo, en el departamento colombiano del Putumayo, en donde murieron 11 personas, la mayoría civiles.

El abogado Juan David Ayure, asesor jurídico de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), ha explicado a Efe que representantes de las víctimas se han reunido este viernes con el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar, quien les ha informado de los avances del caso.

Las víctimas tenían previsto realizar una concentración frente a la Fiscalía justamente para exigir justicia, pero finalmente se han reunido con el fiscal que les ha revelado los avances de la investigación.

«El 11 de mayo radicaron la solicitud de audiencia de imputación ante los jueces de Putumayo –porque allí sucedieron los hechos– de 25 militares activos del Ejército de Colombia. Entre estos militares se encuentra un coronel, un capitán, un teniente, un grupo grande de soldados profesionales y algunos suboficiales», ha detallado.

Estos militares serán acusados de los delitos de «homicidio en persona protegida» y «homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa», en referencia a las personas que resultaron heridas en la operación.

Operación contra las disidencias de las FARC

La operación militar se desarrolló, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso cuando los militares incursionaron.

Sin embargo, organizaciones sociales aseguraron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.

Líderes comunitarios denunciaron que los militares incluso colocaron botas a los cadáveres para hacerlos pasar como presuntos integrantes de las disidencias de las FARC.

Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias 'Bruno', parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia.

Rodolfo Pama, cuyo hijo, Brayan Santiago, de 16 años, murió en la operación, se ha mostado esperanzado por las noticias de la Fiscalía y espera que se haga justicia en este caso.

«Yo reclamo justicia por un menor que fue muerto después de criarlo 16 años y duele que haya muerto en esas condiciones», ha reclamado.