Las políticas de inmigración y de integración ya no están controladas de manera «satisfactoria», ha afirmado este martes el primer ministro francés, Michel Barnier, durante su declaración de política general en la Asamblea Nacional, anunciando un endurecimiento de las medidas en materia de inmigración, siguiendo el ejemplo de otros Estados europeos.

Para remediar esta situación, pretende en particular establecer una «tramitación más eficaz» de las solicitudes de asilo o facilitar «la prórroga excepcional de la detención de extranjeros en situación irregular, para cumplir mejor las obligaciones de abandonar el territorio francés (OQTF)». Y no prohíbe la reducción de visas para los Estados reacios a acoger a sus nacionales.

«Queremos controlar mejor nuestras fronteras», ha añadido el jefe de Gobierno, pidiendo la aplicación «sin demora» del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo adoptado en mayo pasado, que supuestamente reforzará la lucha contra la inmigración irregular en la Unión Europea.

Además, ha advertido de que «Francia seguirá, mientras sea necesario, restableciendo los controles en sus propias fronteras», como prevén algunas exenciones de la normativa europea y como acaba de hacer Alemania a mediados de septiembre.

«Debemos (...) ser despiadados con los contrabandistas, los traficantes que explotan la miseria y la desesperación a costa de las vidas de miles de inmigrantes en el Mediterráneo o en el Canal de la Mancha», donde los naufragios mortales han aumentado en los últimos años, ha agregado el primer ministro

Se espera otro endurecimiento: el Gobierno «no se abstendrá de condicionar la concesión de visados ​​a la obtención de los pases consulares necesarios para el regreso a la frontera» de las personas que están sujetas a restricciones de regreso a sus países de origen por una OQTF.

Barnier también ha mencionado la posibilidad de negociar «con los países afectados por acuerdos bilaterales celebrados hace mucho tiempo cuando ya no corresponden a las realidades actuales».

Palabras que recuerdan a las de su ministro del Interior, Bruno Retailleau, que se mostró favorable a la idea de que el Estado francés retome determinados acuerdos con Argelia que faciliten la llegada de nacionales argelinos.

Apenas nombrado, este ministro, al igual que Barnier, del partido derechista Los Republicanos, ha generado varias polémicas incluso en el seno del Ejecutivo, afirmando en particular que «la inmigración no es una oportunidad» y lamentando no poder organizar un referéndum sobre el tema en el Estado francés.

Ya sea restableciendo los controles fronterizos, construyendo campos de detención o aumentando las devoluciones, muchos otros Estados europeos han aumentado las medidas en los últimos meses para frenar la inmigración y restringir el derecho de asilo, alineándose con las posiciones de los movimientos de extrema derecha que continúan ganando terreno a nivel mundial.

Le Pen pide una nueva ley

Marine Le Pen ha exigido al Gobierno de Michel Barnier que presente una nueva ley de inmigración, retomando las medidas censuradas por el Consejo Constitucional durante el examen de la ley anterior.

«Le pedimos (...) que vuelva a poner en la agenda, a partir del primer trimestre de 2025, una ley de inmigración restrictiva, que incorpore como mínimo las disposiciones censuradas por el Consejo Constitucional» tras la adopción con el apoyo de la RN de la ley presentada hace un mes por el Ejecutivo de Elisabeth Borne, ha lanzado la jefa de los diputados de RN a la primera ministra después de su declaración de política general a la Asamblea.

Ha colocado esta petición entre las «líneas rojas» que pueden motivar la censura del Gobierno por parte de su grupo. El RN, que ha descartado a priori la idea de censurar al Gabinete de Michel Barnier, pretende aprovechar su posición de árbitro para influir en la línea política del Gobierno, dejando en el horizonte la amenaza de censura ya apoyada por la izquierda.

Reforma de pensiones

Barnier ha manifestado que estaba abierto a «ajustes razonables y justos», en consulta con los interlocutores sociales, sobre la tan criticada reforma de las pensiones.

«Algunos límites de la ley aprobada el 15 de abril de 2023 pueden corregirse», ha sentenciado el primer ministro, instando además al diálogo en otra de las medidas impulsadas por Macron que quedó paralizada debido a la disolución de la Asamblea, la ley sobre la muerte asistida.

Durante el discurso de Barnier, los diputados de La Francia Insumisa (LFI) han protestado levantando sus tarjetas de electores en el hemiciclo, como símbolo de sus quejas hacia una elecciones que, según entienden, no ha respetado el voto de los franceses.

Respecto a las elecciones en Kanaky, ha anunciado que serán aplazadas «hasta finales de 2025» y que el proyecto de ley constitucional para reformar el censo electoral, origen de los disturbios que encendieron el archipiélago, no será «presentado al Congreso».

El primer ministro ha dicho que quería involucrarse «personalmente» en este asunto. «Una misión de consulta» encabezada por los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, Yaël Braun-Pivet y Gérard Larcher, visitará «próximamente» el lugar. «Ahora debe comenzar un nuevo período, dedicado a la reconstrucción económica y social de Nueva Caledonia, a la búsqueda de un consenso político sobre su futuro institucional», ha afirmado.