La COP29 se celebra con el mundo pendiente de guerras y conflictos (Ucrania, Gaza, Líbano...), digiriendo aún la victoria de Trump en EEUU, con las desalentadoras experiencias de las cumbres de los últimos años, y en un país productor de combustibles fósiles -y denunciado por la vulneración de derechos humanos en la reciente invasión de Nagor- no-Karabaj-, de los que dependen casi la mitad de su economía y la mayoría (90%) de sus ingresos por exportaciones.

Se entiende, por tanto, que las expectativas sean algo más que modestas a pesar de la situación extrema que vive el planeta, donde ya se han rebasado algunos puntos de no retorno en materia climática, y con los objetivos marcados hace casi una década en París todavía muy lejos de cumplirse.

Otro aspecto que alienta el escepticismo sobre lo que pueda deparar esta cita es el de las ausencias, empezando por la del estadounidense Joe Biden, ya en la rampa de salida, y siguiendo por varios de los principales líderes globales. Una dejadez institucional que choca con el llamamiento realizado ayer en la inauguración por el presidente de la conferencia, Mukhtar Babayev, que instó a elevar la meta de financiación climática, porque «vamos de camino a la ruina» del planeta.

Babayev, que es ministro azerí de Ecología y Recursos Naturales, compartió estrado con el presidente de la anterior cumbre en Dubái (COP28), el sultán Ahmed Al-Jaber, y el secretario ejecutivo de la ONU para el cambio climático, Simon Stiell, e insistió en que «es el momento de la verdad». «Esta cumbre será una oportunidad para el desarrollo; podemos construir el puente, pero todos tienen que cruzarlo», añadió, en un discurso apenas distinguible del enunciado por sus inmediatos predecesores.

PRESIONES DE LOS LOBBIES

Babayev indicó que si no se le pone freno, la tendencia actual «nos llevará a un calentamiento de tres grados» del planeta, lo que provocaría una situación «catastrófica». En esta tesitura, organismos como Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra, aprovecharon el acto de inauguración de la COP29 para instar a los países a que incrementen sus aportaciones a la financiación climática internacional y que concreten más sus medidas para reducir las emisiones.

La directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, emplazó en declaraciones a Europa Press a que a la hora de aumentar los fondos destinados a financiación climática global «se haga pagar a la industria de los combustibles y a otros grandes contaminadores». De cara a la cumbre, explicó que van a exigir a todos los gobiernos que rechacen las «presiones» de los «lobbies fósiles» y que defiendan a la sociedad de la «emergencia ecosocial».

En línea con el resto de organismos ecologistas, Saldaña insistió en la importancia de ver «calendarios concretos» que pongan sobre el papel qué acciones van a tomar los países para abandonar los combustibles fósiles. Y junto a ello, incidió en que ya no es suficiente con implementar reglas para proteger la biodiversidad, sino que es necesario «restaurar los ecosistemas para que sean resilientes».

El beneficio petrolero ridiculiza el esfuerzo

Los beneficios inesperados de las empresas de petróleo y gas por la crisis energética de 2022 quintuplicaron los compromisos anuales globales de financiación para combatir el cambio climático, según un estudio publicado en Climate Policy que analiza los ingresos que las grandes empresas de petróleo y gas declararon hace dos años.

Según se recuerda en el trabajo, tras la invasión rusa de Ucrania, los precios de la energía se dispararon y las empresas de combustibles fósiles obtuvieron enormes beneficios como resultado.

Los autores, que analizaron a 93 de las mayores empresas del sector, restaron las ganancias previstas declaradas a principios de año de las ganancias reales al final del año, y descubrieron que obtuvieron 490.000 millones de dólares en beneficios superiores a sus expectativas, que denominaron “superbeneficios”.

Esta enorme cuantía, que surge de actividades que impulsan el cambio climático, asciende a casi cinco veces el compromiso de 100.000 millones de dólares al año para apoyar las acciones climáticas de los países en desarrollo, que fueron establecidos en la Cumbre del Clima de Copenhague de 2009.