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Stop Desahucios acusa al PSE de «cumplir punto por punto» la política de vivienda del PNV

Ante el reciente anuncio por parte de la Consejería de Vivienda de Lakua de reducir los porcentajes de reserva para VPO en las nuevas promociones, Stop Desahucios Euskadi ha acusado al PSE de cumplir «punto por punto la política de vivienda del PNV».

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, durante una visita a Lasarte.
El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, durante una visita a Lasarte. (Maiales ANDRÉS | FOKU)

Stop Desahucios Euskadi ha considerado «un paso atrás no avalado por datos reales» el anuncio de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Lakua de reducir los porcentajes de VPO en las nuevas promociones y ha considerado que el PSE «cumple punto por punto la política de vivienda del PNV».

El planteamiento realizado por el consejero de Vivienda de la CAV, Denis Itxaso, de ajustar los porcentajes de vivienda libre y protegida de tal modo que puedan rebajar las actuales exigencias del 75% hasta un mínimo del 60% de VPO, es una «gran noticia para los benefactores de la política de vivienda del PNV, que son, las constructoras, los bancos y los demandantes de VPO en compra», ha señalado Stop Desahucios en un comunicado.

La medida es «un paso más» con el que la Consejería de Vivienda «casi ha puesto en marcha el 80 o 90 % de las medidas que anunció Pradales en las elecciones, pero hasta ahora no hay una sola noticia positiva para los demandantes de alquiler social, salvo la cesión de terrenos por el Ayuntamiento de Donostia al Gobierno Vasco», agrega.

Stop Desahucios señala que la medida se produce «después del varapalo al PNV donostiarra» de la sentencia del TSJPV en relación a la operación urbanística en Illarra por la que se incrementó el porcentaje de vivienda de protección social del 40% al 75%.

«Parece ser que, si no consiguen lo que quieren de forma ilegal, lo hacen modificando las leyes», ha afirmado Stop Desahucios, que también criticado que el PSE apoye esta medida cuando la Ley de Vivienda estatal impone «una reserva para alquiler social mínimo del 50%, salvo casos excepcionales y justificados».