El secretario general del PSE, Eneko Andueza, y el consejero de Vivienda de Lakua, Denis Itxaso, han comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en Bilbo para poner en valor las bondades de la Ley de Vivienda, aprobada hace un década con el voto en contra del PNV, socio de gobierno del PSE. 

«Hay que ver cómo pasa el tiempo y hay que ver también cómo, muchas veces, hay que reivindicar por encima del ruido toda una trayectoria, una serie de acciones coherentes, coordinadas, de toma de decisiones, que son las que han convertido a Euskadi en un referente en las políticas de vivienda», ha señalado Andueza, que ha incidido en que, durante los últimos diez años se han construido en la CAV 5.306 viviendas destinadas al alquiler social. 

«Estas cifras nos sitúan a la cabeza en la ratio de viviendas de alquiler protegido por cada 1.000 habitantes», ha manifestado, comparando la situación de la CAV con la de otras comunidades autónomas. 

Sin embargo, los datos del Observatorio Vasco de la Vivienda ponen de manifiesto que el número de viviendas construidas ha sido insuficiente para responder a la demanda, que se ha duplicado en la última década. En 2015 había 42.193 solicitudes para obtener una vivienda en régimen de alquiler social, y en junio de 2024 eran 83.617.

De hecho, los números que ha puesto sobre la mesa Andueza muestran que sería necesario multiplicar por cinco el número de pisos de alquiler social ya construidos para poder adjudicar una vivienda a todos los demandantes. Según el secretario general del PSE, el parque de vivienda protegida está compuesto por 28.000 unidades residenciales, y Alokabide gestiona de forma directa 17.000.

Menos suelo para VPO

Llama la atención que PNV y PSE pretendan responder a esta situación con una ley de medidas urgentes que, entre otros aspectos, reduce el suelo reservado a la edificación de viviendas protegidas, pasando del 75 al 60%. El objetivo es flexibilizar las exigencias fijadas a las promotoras para, supuestamente, acelerar la construcción de viviendas. 

«El 75% por 0 es 0, 65% de algo, siempre será algo», ha apuntado el líder del PSE en respuesta a las críticas del portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz, Pello Otxandiano, que la semana pasada advirtió de que «la solución no es someterse al chantaje de los constructores». 

Sin índice de precios

Por su parte, Itxaso ha defendido que la nueva ley de medidas urgentes introduce un régimen sancionador para castigar los incumplimientos por parte de los arrendadores en las zonas tensionadas. No obstante, a día de hoy, no se han aplicado índices de precios de referencia en la CAV, tal como ha recordado hoy mismo en el Congreso el diputado de EH Bildu Oskar Matute. 

Este ha preguntado a la ministra española de Vivienda cuándo estarán disponibles para su aplicación dichos índices, e Isabel Rodríguez ha contestado que «falta por culminar una parte importante del trabajo administrativo que tiene que ver con las haciendas forales». 

Matute ha censurado que «las haciendas forales en las que cogobiernan PSE y PNV siguen sin hacer sus deberes porque siguen sin enviar el índice de referencia de precios». «La gente no entiende que aquí se diga que se está a favor de hacer una cosa, pero donde se detenta el poder para hacerla no se haga», ha añadido, incidiendo en que «dos años es tiempo más que suficiente para haber hecho cosas».