La Diputación de Bizkaia no empleó todos los recursos a su alcance para cobrar la deuda de 2,2 millones de euros que la empresa de armamento Esperanza y Cía mantenía en la década de los años 90 con el fisco. Es la conclusión que se extrae de la última información que ha dado a conocer la responsable foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, en contestación a una pregunta de EH Bildu, en la que, por tercera vez, vuelve a cambiar la versión sobre el trato que se dio a esta firma con sede en Markina.

Tres versiones ha ofrecido ya Berrojalbiz sobre el caso de la deuda de Esperanza y Cía, compañía en la que figuraban como directivos Alfonso Basagoiti, que fue diputado foral de Hacienda y posteriormente consejero de esa cartera en el Ejecutivo de Lakua, y Marcos Vizcaya, portavoz del PNV en el Congreso español.

En el pleno de control que se celebró el 30 de abril en Gernika, en respuesta a una interpelación de EH Bildu, aseguró «con rotundidad» que las acusaciones de que la Diputación había mirado a otro lado para no cobrar eran «absolutamente falsas», argumentando que no participó en la comisión de acreedores «porque no tenía ninguna deuda pendiente y de cobro».

Manifestó entonces que esta compañía tenía deudas con Hacienda en 1991, pero que solicitó el fraccionamiento del pago y las satisfizo. Además, explicó que, aunque para garantizar que pagase la Diputación había hipotecado determinados bienes que Esperanza y Cía tenía en la localidad alavesa de Iruña Oka, no había tenido que ejecutar dichas hipotecas.

En esa sesión, en la Casa de Juntas, Berrojalbiz añadió que, a pesar de que la firma había entrado en concurso de acreedores en 1992 y firmado el convenio de acreedores, la Diputación de Bizkaia no había tenido que participar, dado que Esperanza y Cía no tenía ya ninguna deuda con Hacienda.

Nueve días más tarde, en comisión de las Juntas Generales, la jeltzale admitió que había deudas después del proceso concursal y que Hacienda había hecho «lo posible por cobrarla». Según el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB), esas deudas ascendían a algo más de 372,5 millones de pesetas, en torno a 2,2 millones de euros actuales.

Lo hizo después de que la primera fuerza de la oposición descubriera anotaciones de embargo de 1994 y 1995 sobre tres propiedades de Esperanza y Cía en Markina, según el registro, por las deudas generadas posteriormente a la firma del convenio de acreedores. Nuevas deudas que la responsable foral de Hacienda y Finanzas reconoció. En Iruña Oka, según el registro, la compañía disponía además de seis propiedades con anotación hipotecaria.

En 1998, según se publicó en el BOB, la Diputación intentó ejecutar el embargo de las propiedades de Markina, pero no había constancia documental de que hubiera hecho lo propio con las de Iruña Oka.

Ahora, en respuesta a preguntas formuladas por EH Bildu, Berrojalbiz admite que la Diputación no hizo todo lo que pudo para cobrar las deudas. Hacienda embargó el 26 de diciembre de 1994 todas las fincas que Esperanza y Cía tenía en Markina. Lo hizo, así lo destaca la diputada foral, cuando todavía no constaba en el Registro Mercantil el acuerdo de liquidación de la compañía, que data del 4 de marzo de 1997.

No embargaron y no cobraron

Explica que esa actuación se realizó «cuando aún figuraba, según el Registro Mercantil, abierto el convenio de acreedores y por tanto Hacienda tenía derecho de abstención y podía embargar activos». No lo hizo con los bienes que tenía la industria dedicada a producir armamento en Iruña Oka, ya que «se aplicó un criterio de proporcionalidad, esperando al resultado de las subastas».

La «proporcionalidad» sí se contempla como principio general de la Norma Foral General Tributaria, aunque puede tener sus consecuencias. En este caso, esa decisión no fue la adecuada, pues después de las subastas, en 1998, descubrieron que con el dinero obtenido por los activos embargados en Markina no se cubrían todas las deudas, con el agravante de que no cabían ya embargos ni apremios, al existir una comisión liquidadora de la compañía, «única encargada de tal misión».

Solo el Ejecutivo autonómico y el Consistorio de Iruña Oka trataron de cobrar las deudas de la empresa de armamento, aunque no lo consiguieron.

Berrojalbiz desvela un dato desconocido hasta el momento. Menciona la existencia de un escrito del secretario y representante de la comisión liquidadora, dirigida a la Hacienda de Araba, en el que manifiesta que, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del acuerdo de liquidación, no se debió haber inscrito anotación alguna en ningún registro que no fuera la venta de activos o el traspaso de la titularidad a los acreedores, por lo que declara nulas esas anotaciones de embargo del Ayuntamiento de Iruña Oka y la subasta anunciada por la Hacienda de Araba, ya que todos estos acuerdos son posteriores a la fecha de inscripción del acuerdo de liquidación.

A pesar de la cuantía de la deuda de Esperanza y Cía, desde el Gobierno foral que presidía José Alberto Pradera (1987-1995) se decidió no personarse como acreedor, por lo que no hubo opción a cobrar posteriormente ya siendo diputado general Josu Bergara (1995-2003).