El colectivo Researchers for Peace (Investigadores por la Paz) ha entregado este miércoles a las direcciones de Biogipuzkoa, Bioaraba, Biobizkaia y Biosistemak más de doscientas firmas de trabajadores y trabajadoras de estos centros con las que se reclama, entre otras medidas, la ruptura de la colaboración con entidades públicas o privadas de Israel en cualquier proyecto de investigación, como medida de presión contra el genocidio en la Franja de Gaza.

En una comparecencia celebrada en Donostia han recordado que ya son «más de 66.000 personas, civiles, asesinadas» en Palestina, a pesar de lo cual «Europa continúa sin despertar, enfrascada en una escalada de rearme que parece no tener fin».

Frente a ello, «las trabajadoras de los Institutos de Investigación Sanitaria de Euskadi que formamos Reserarchers for Peace (R4P) no queremos, no podemos ser cómplices de esta atrocidad. Nos hemos unido para tejer una red que promueva el boicot laboral y académico, la desinversión y las sanciones a Israel y entidades colaboradoras».

Además, invitan al resto de personas que trabajan en este sector a utilizar «la objeción de conciencia como herramienta de no colaboración con entidades israelíes o que favoirezcan su estado de apartheid, así como con entidades que colaboren con la industria armamentística militar. Promover el conocimiento y el bienestar de las personas no es compatible con las bombas, la colonización y la guerra». 

Proyectos Horizon Europe

En la petición que han entregado a las direcciones de estos centros se reclama «la expulsión» de entidades de Israel de los consorcios de investigación de los que forman parte, o en caso contrario «la retirada de los mismos de la participación de la entidades vascas». Apuntan que «existen a día de hoy varios proyectos financiados por los presupuestos Horizon Europe con participación directa israelí en los que colaboran entidades vascas».

También se pide «el blindaje del derecho a la objeción de conciencia por motivos bioéticos» y «la aprobación de códigos bioéticos que cuenten con cláusulas de veto a la participación de entidades de Estados genocidas o de sistemas de apartheid».

Los firmantes defienden «transparencia en las partidas presupuestarias y la publicación de las cifras recibidas» por los consorcios de investigación, a fin de conocer de dónde viene y a dónde va el dinero; y «la revisión de los contratos de compra de material fungible biosanitario producido por proveedores israelíes, y su sustitución progresiva hacia alternativas con igual eficacia».