En un salto adelante contra la lucha frente al cambio climático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado esta madrugada pasada una decisión clave para la regulación ambiental que venía de 2009.

Consiste en la revocación del dictamen de peligro emitido aquel año para establecer que seis gases de efecto invernadero son nocivos, y es la más reciente –y a tenor de expertos de enormes consecuencias– de una serie de medidas del republicano contrarias a los esfuerzos para frenar el cambio climático.

La medida aprobada hoy tiene, según Trump, el objetivo de ahorrar «billones de dólares» en costes a los fabricantes de automóviles, hasta ahora ceñidos por la regulación de 2009, y a los conductores estadounidenses, y se enmarca en una treintena de «acciones históricas» que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) quiere acometer para revisar las políticas sobre hidrocarburos y generación eléctrica.

Esta acción certifica nuevamente el desprecio de Trump por las políticas para luchar contra la crisis climática activadas por todos sus predecesores. Y lo ha hecho con su habitual discurso provocador y falso, al alegar que lo aprobado en 2009 «nada tiene que ver con la salud pública». «Todo esto fue una estafa», ha subrayado, para añadir acto seguido que «los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo».

Salida del Acuerdo de París

Ya en su primer día de regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para retirar por segunda vez a EE.UU., el segundo mayor emisor de gases contaminantes del mundo, del Acuerdo de París, suscrito por casi todos los países, para evitar que la temperatura media del planeta supere en más de 2 grados centígrados los niveles preindustriales.

Trump da este salto con su habitual discurso provocador y falso, al alegar que lo aprobado en 2009 «nada tiene que ver con la salud pública». «Todo esto fue una estafa»

También desmanteló el Grupo de Trabajo Nacional sobre el Clima (NCTF), una iniciativa de la Administración de Joe Biden creada en 2021 para coordinar las labores del Gobierno a la crisis climática, así como la Oficina de Cambio Global del Departamento de Estado.

Ese mismo 20 de enero, Trump también firmó otras órdenes ejecutivas para cancelar o modificar docenas de medidas del Gobierno Biden sobre objetivos de reducción de emisiones de carbono para 2035 o para restringir nuevas prospecciones de petróleo y gas en tierras y aguas federales.

De hecho, el republicano inició su mandato bajo el lema ‘Drill, baby, drill’ (‘Perfora, bebé, perfora’), con el objetivo de impulsar los proyectos de hidrocarburos convencionales y de esquisto para consolidar la posición de EE.UU. como el mayor productor mundial.

Carbón «limpio y hermoso»

En su segundo mandato, Trump también ha realizado una encendida defensa de la minería del carbón, un sector en claro declive en la mayoría de las economías desarrolladas, y ha calificado este combustible fósil de «carbón limpio y hermoso».

Para subrayar su apuesta por el carbón y tratar de asegurar votos en estados mineros como Wyoming y Virginia Occidental, Trump ha firmado en la Casa Blanca varias órdenes ejecutivas relacionadas, rodeado de mineros presentes con sus casos.

La última escenificación de este tipo tuvo lugar este mismo miércoles, cuando Trump recibió un premio de empresarios por ser el «campeón indiscutible del carbón».

En el mismo acto, el magnate neoyorquino firmó una orden para que el Departamento de Guerra compre electricidad procedente de plantas termoeléctricas de carbón.

Trabas a renovables y vehículos eléctricos

Desde el año pasado, Trump ha anunciado la cancelación de ayudas por más de 7.500 millones de dólares destinadas a más de 220 proyectos energéticos en 16 estados demócratas, la mayoría enfocados en fuentes renovables, lo que actualmente está siendo objeto de varias batallas judiciales.

Argumentando motivos de «seguridad nacional» poco claros, también ha suspendido arrendamiento a grandes proyectos de eólica marina en la costa este del país -y, de nuevo, dependientes en su mayoría de Gobiernos estatales demócratas-, lo que ha supuesto un duro golpe para los desarrollos de este tipo de energía (a la que Trump acusa de estropear el paisaje o matar aves) en EE.UU.

Entre los proyectos afectados está Vineyard Wind 1, parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente.

Vineyard Wind 1, que cuenta con aproximadamente 3.500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios, suficiente para suministrar electricidad a casi medio millón de hogares y negocios.

El Gobierno Trump también ha desviado fondos de programas de la Era Biden para la instalación de cargadores para vehículos eléctricos, modernizaciones de la red y otras iniciativas relacionadas o eliminado incentivos a la compra de estos coches.