Un mecánico catalán, investigado por negarse a atender a una Policía española

El delito de odio es el nuevo comodión post 1-O para la represión. En esta ocasión el investigado es Jordi Perelló, un mecánico de Reus (Tarragona), por negarse a reparar el vehículo particular de una agente de la Policía española. El mecánico podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de cárcel.

NAIZ|2018/02/06 08:27
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El mecánico decidió no reparar coches de la Policía española o de la Guardia Civil tras las cargas del 1-O. Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS

Las consecuencias a en el ámbito represivo del referéndum del 1 de octubre en Catalunya no paran de llegar. Tras los ataques a la escuela catalana y a quienes osaron protestar ante la llegada masiva de policías y guardias civiles a Catalunya, acusan ahora de delito de odio a un mecánico que tras las cargas del 1-O decidió negarse a reparar los coches oficiales o particulares de agentes de las FSE.

Se trata de Jordi Perelló, un mecánico de Reus al que han llamado a declarar a la comisaría de los Mossos d’Esquadra. La vista fue el pasado viernes y Perelló, representado por el miembro del colectivo de Abogados Voluntarios del 1-O David Piqué, se acogió al derecho a no declarar.

Los hechos, según el relato del mecánico, se remontan al pasado miércoles, cuando recibió una llamada telefónica de una agente de la Policía española que le quería llevar su vehículo particular para una revisión rutinaria. El mecánico le informó por teléfono de la decisión de no atenderlo por «convicciones personales» y le explicó la decisión adoptada tras las cargas policiales del 1 de octubre. Tras otra llamada telefónica de una persona cercana a la agente, dos dotaciones de los Mossos d’Esquadra se personaron en el taller.

El mecánico considera, en declaraciones al medios catalanes, que su taller es un establecimiento privado y que al tratarse de un taller generalista, es él el que puede elegir a quién atender y a quién no.

Tras la vista en la comisaría de Mossos d’Esquadra, las diligencias policiales se enviarán al juzgado para que estudie el atestado y decida si inicia diligencias previas por un supuesto delito de incitación al odio o archiva la causa. Si el proceso sigue su curso, el mecánico será citado a declarar en sede judicial.

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