Oskar Fernández García
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación

Cuarenta años de dictadura franquista, y posteriormente cuarenta años de gobiernos de derechas en vascongadas

 

El ímpetu luminoso, transformador, revolucionario y esperanzador de Suresnes se había volatilizado y desvanecido para siempre.

Han transcurrido más de ocho décadas desde aquel infame, desolador y aterrador julio de 1936, cuando el fascismo más descarnado, sanguinario y genocida comenzaba a extender el terror por todo el Estado español.

Un momento histórico trágico, brutal, desgarrador e imborrable de la memoria colectiva de millones de personas que aún llevan latente en sus corazones, y en su profunda ideología de izquierda republicana, el maravilloso y esperanzador legado de todas aquellas encomiables y fantásticas personas que, con un entusiasmo extraordinario y con una convicción revolucionaria digna de elogio y alabanza, defendieron los valores de la izquierda, universales y humanos, que representaba la II República española, para una transformación profunda y radical de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Tras cuarenta años de una dictadura asesina –ignorante, cruel, violenta y asentada sobre el odio hacia los vencidos, derrotados y oprimidos– no se produjo la anhelada, deseada y esperanzadora ruptura democrática, sino una claudicante, vergonzosa e inadmisible reforma política, en la que se han ido alternando, en las instituciones gubernamentales, durante otros cuarenta años dos partidos: el PSOE y el PP, que en esencia y a la luz de los acontecimientos y sus hechos no difieren tanto entre ellos, ya que ambos defienden por encima de todo, sobre todo y ante todo, al intocable y sacrosanto estado. Lo que equivale, evidentemente, a defender –sin el más mínimo rubor, azoramiento ni disimulo– los intereses socioeconómicos de la oligarquía, los monopolios, las multinacionales y todo el complejo entramado sociopolítico, laboral y económico que sustenta, impulsa y afianza el cruel y devastador sistema capitalista.

En esos tres territorios históricos de Euskal Herria –administrativamente conocidos bajo la denominación de Comunidad Autónoma, una de las diecisiete que integran el mencionado Estado español– ha ocurrido algo muy similar a lo que aconteció durante cuatro décadas de dictadura y cuatro décadas de pseudodemocracia en el Reino de España, el PNV ha gobernado en vascongadas, prácticamente y de manera cuasi ininterrumpida durante cuarenta años.

Esa mentalidad de derechas, exacerbada durante la dictadura, y posteriormente disimulada durante la transición –millones de aborrecibles fascistas se hicieron demócratas de la noche a la mañana– no es ajena ni mucho menos a la idiosincrasia, a la mentalidad socio laboral, ideológica y política de esa formación autonomista por antonomasia.

El PNV, tanto desde su génesis, absolutamente burguesa, confesional, tradicionalista y diametralmente ajena a los intereses de las clases trabajadoras de aquel final del S.XIX, cuando fue constituido oficialmente en el año 1895, como por su posterior actividad política, siempre dirigida y pensada para defender los intereses de las clases sociales que ocupan la parte más alta de la pirámide social, ha manifestado constantemente una clara, evidente e irrefutable mentalidad de derechas, le agrade o no.

La formación jeltzale tiene notables concomitancias con sus fieles y adeptos socios del PSE-EE, con los que gobierna en las principales instituciones de esa Comunidad Autónoma. 
El PNV ha gobernado desde la I Legislatura del Parlamento Vasco, en 1980, hasta la actualidad. Sólo hubo un breve paréntesis durante la IX Legislatura, en el año 2009, cuando debido a la antidemocrática, inadmisible, ilegítima y fascista ilegalización de la izquierda abertzale, el PSE-EE, apoyado por el PP se hacía con la presidencia de esa Comunidad. Maravilloso ejemplo de esa formación –fundada, en un no tan lejano año 1879, por Pablo Iglesias– uniéndose a los herederos del franquismo para acceder al poder en una situación sociopolítica absolutamente antidemocrática, totalitaria y de claros y evidentes tintes fascistas.

El PSOE ha gobernado en el Estado español durante la mayoría de las legislaturas II, III, IV, V, VIII, IX, XIII y la actual XIV. Las demás fueron gobernadas por el PP: VI, VII, X y XI. 
En la XII legislatura se alternaron el PP y el PSOE. La I estuvo en manos de UCD, transformación directa del «Movimiento» franquista. 
Pero donde más concomitancias surgen es en el caso del PSOE de Andalucía, donde los diferentes gobiernos "socialistas y obreros” –según el acrónimo de su sigla, que no tiene nada que ver con la tozuda e irrefutable realidad– gobernaron ininterrumpidamente, esa Comunidad del sur de la península, desde la Primera Legislatura, en 1982, hasta la X Legislatura, ambas incluidas, hasta que el mayúsculo escándalo de los ERE con su insoportable carga de corrupción e ignominia derribaba la aparentemente sólida trayectoria del PSOE-A, que en las últimas legislaturas con Jose Antonio Griñan y Susana Díaz al frente de la Junta, iba perdiendo manifiestamente el apoyo popular.

Los datos son incontrovertibles e irrefutables, en 1982 el PSOE-A lograba ilusionar y atraer el 52’60% de los y las electoras. Transcurridas diez legislaturas, en la última, la número XI, ese partido había dilapidado, mediante su deplorable y corrupta gestión de los cientos de millones de euros destinados a los ERE, todo un caudal político, que a pesar de todo aún se mantenía en un 27’94% de seguimiento del electorado.

Esa aborrecible y abyecta conducta política y sociolaboral que durante una década había cometido sistemáticamente el abominable crimen de repartir 679’2 millones de euros «sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitimase la percepción de la supuesta ayuda y sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía» –según la sentencia de la Audiencia de Sevilla– posibilitó, generó y produjo, en última instancia, que la actual XI Legislatura esté presidida por un aborrecible y detestable gobierno sustentado en dos formaciones de derechas y una de extrema derecha.

Susana Díaz, secretaria general de la federación andaluza del PSOE –al igual que hizo su homólogo en la CAV, Patxi López, pactando con una formación profundamente de derechas, el PP, para alcanzar la presidencia de la Comunidad– ella también pactó en la X Legislatura del Parlamento andaluz, con Ciudadanos para alzarse con la presidencia de aquella comunidad. Podría haber pactado –siendo un supuesto partido socialista y obrero– con Podemos, que además obtuvo seis escaños más que Ciudadanos, pero no, prefirieron a un partido sumamente derechista, intolerante, intransigente e inflexible.

Exactamente hacen lo mismo, legislatura tras legislatura, en la CAV respecto al PNV, a pesar de que en todos los periodos electorales no dejan de reivindicarse como un partido histórico de izquierdas. Postura que férrea y constantemente intenta defender Idoia Mendia –secretaria general del PSE-EE– para distanciarse políticamente de su socio simbiótico, el PNV, con el que triste, deplorable y aborreciblemente volverá, una vez más, a formar gobierno.

La irremisible, sistemática, tenaz e irrefrenable andadura a posiciones de derechas o de centro derechas del PSOE comenzó a labrarse y a fijarse hace ya bastantes décadas. 
Al igual que muchos políticos, que aparentemente parecían pertenecer al ámbito de la izquierda y que con el tiempo realizaron un giro copernicano para situarse en la derecha; el PSOE hizo exactamente lo mismo respecto a las declaraciones y principios acordados en el famoso congreso de Suresnes, un 13 de octubre de 1974. 
En aquella ocasión la resolución política que se aprobó en aquel municipio cercano a «La Ciudad de la Luz», determinaba y establecía con firmeza y rotundidad que la principal meta y objetivo del partido socialista era «la conquista del poder político y económico por la clase trabajadora y la transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista».

Transcurridos cinco años, en mayo de 1979, Felipe Gonzalez –el Sr. que todo el mundo sabía que era el portador y dueño indiscutible de la incógnita más despreciable y abyecta de la historia moderna de ese país la «X»; descifrada, comentada y profusamente documentada por una agencia de inteligencia norteamericana– en el XVIII congreso del PSOE, defendía una ponencia mediante la cual se renunciaba a la definición marxista del partido. 
Curiosamente el señor todopoderoso y omnímodo perdió la votación. Pero evidentemente no iba a quedarse de brazos cruzados y tras alcanzar los apoyos y voluntades que se requerían convocó ese mismo año, en septiembre, un congreso extraordinario en el que logró convertir al PSOE en un partido socialmente homologable al triste, gris y depauperado sistema sociopolítico europeo. 
Convirtiéndose en un partido que ahora se definía como: «de clases, de masas, democrático y federal».

El ímpetu luminoso, transformador, revolucionario y esperanzador de Suresnes se había volatilizado y desvanecido para siempre.

Hace solamente unos días la Comisión de Reconstrucción, impulsada desde la Cámara Baja del Estado español para hacer frente a las consecuencias producidas por la COVID-19, presentaba sus conclusiones en un informe, en el que se recogían más de 160 medidas. Ha contado con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, y el rechazo del PP, Esquerra Republicana, Junts, EH Bildu y BNG, mientras que PNV, Coalición Canaria y el PRC se han abstenido.

Una vez más, la enésima, desde la llamada Transición, el partido que en su logotipo mantiene los términos «socialista y obrero» se aleja sideralmente de ambos conceptos. 
¿Cómo es posible que un partido que se considere de izquierdas no luche denodadamente para derogar la reforma laboral; no realice todos los esfuerzos necesarios para implantar e implementar un impuesto, lógico, legítimo, necesario e imprescindible, a las grandes, medianas y pequeñas fortunas; no intente establecer de manera imperiosa e insoslayable unas pensiones mínimas de 1.080 euros, imprescindibles para una parte tan significativa de ese país, que de no aprobarse, irremisiblemente, transita hacia una cruel indigencia?

La derecha desde siempre ha expoliado las arcas públicas –es una de sus características intrínsecas e inherentes a su detestable ideología– por eso el PSOE-A durante una década utilizó y manipuló, con absoluta impunidad, el dinero de los ERE, haciendo que transitase del ámbito público al privado, impidiendo que el dinero fuese invertido en actividades públicas para mejorar la vida de las personas de aquella Comunidad.

En junio del 2016, el todo poderoso presidente Manuel Chaves, que había estado al frente de la Junta de Andalucía durante seis legislaturas seguidas, junto con Jose Antonio Griñán –Presidente de la Junta durante la IX Legislatura y ex consejero de Economía y Hacienda– eran procesados por el insoslayable e imposible de encubrir caso de los ERE. 
En abril del 2018 ambos, tuvieron que declarar en el juicio de ese escándalo mayúsculo. 
La sentencia que se conoció en noviembre del pasado año 2019, dejaba firme y sólida constancia de que se habían cometido «continuados delitos de prevaricación y de malversación».

Las veintiún personas implicadas e imputadas ocupaban los cargos más altos de la administración: dos ex presidentes, seis ex consejeros, tres ex viceconsejeros, cinco ex directores, tres ex secretarios, un ex interventor, y un ex jefe de gabinete.

Excepto dos personas que fueron absueltas de sus cargos: el ex interventor de la Junta de Andalucía y el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, las otras diecinueve personas restantes acumularon penas muy severas. 
Diez de ellas se han de enfrentar a penas que abarcan concurso medial, más largos años de prisión e inhabilitaciones –absolutas en unos casos y en otros inhabilitaciones especiales– que en algunas situaciones procesales abarcan varios lustros o prácticamente dos décadas. 
Nueve se han de enfrentar a largos años de inhabilitación, algunas de ellas casi a una década, como es el caso del expresidente Manuel Chaves.

Por esas mismas fechas se conocía en la CAV, concretamente en diciembre del mismo año 2019, la sentencia del mayor caso de corrupción que hasta ahora se haya visibilizado y juzgado en la mencionada Comunidad, El caso de Miguel, en el que también aparecen ex altos cargos del PNV, que fueron condenados hasta trece años de cárcel por los abyectos y repudiables delitos cometidos.

La larga década de corrupción en Andalucía, su conocimiento público, la exhaustiva investigación, el juicio y la sentencia «abonan las tesis de quienes afirman que en Andalucía la hegemonía del PSOE elección tras elección se sustentó en la creación y mantenimiento de un formidable régimen clientelar»
El entrecomillado del párrafo anterior –cambiando Andalucía por la CAV y el nombre del partido por el del PNV– se ajusta perfectamente, en sus principios y términos, a la situación sociopolítica que desde hace cuarenta aborrecibles años instauró, extendió y mantiene el partido jeltzale de derechas y autonomista.

Ambos partidos tienen una formidable, enorme y eficaz infraestructura propagandística –fundamentalmente pagada con dinero público– a través de prácticamente todos los medios de comunicación: prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, que logra junto con la extensa y densa red clientelar mantenerse ajenos a todo tipo de escándalos –a insufribles situaciones de auténtica miseria social, de expolio del patrimonio medioambiental, de marginación y de exclusión social, de insoportable dispendio de los recursos económicos públicos, de juicios y sentencias que exhiben sus más recónditas e ignotas miserias éticas, políticas y económicas– como si no fuera con ellos ni con su mentalidad y con su deleznable pleitesía a un Estado, heredado directamente del aborrecible franquismo, y su vergonzante simbiosis con la oligarquía.

De todas formas, la ilusión revolucionaria –y radicalmente transformadora de un sistema sociopolítico tan injusto e inhumano en otro absolutamente diferente, donde las personas sean dueñas de sus sueños, de los medios de producción y de todos los ámbitos de poder– encontrará un destello de luz, esperanza y un cauce a sus ineludibles y legítimas aspiraciones en la izquierda abertzale, combativa, revolucionaria, internacional, feminista, ecologista y progresista de esa comunidad autónoma, que se agrupa bajo la atractiva denominación de EH Bildu.

Bilatu