«He leído y oído cosas inverosímiles sobre la época en que la gente vivía en libertad, […]. Pero lo más inverosímil me ha parecido siempre lo siguiente: cómo el Estado, por imperfecto que fuese, toleraba que las gentes vivieran sin paseos obligatorios, sin unas horas de comida previamente establecidas; que se levantaran y se acostaran cuando se les antojaba; algunos historiadores dicen incluso que las calles permanecían siempre alumbradas y que la gente iba y venía durante toda la noche». Yevgueni Zamiatin, “Nosotros” (1921).

El pasado 30 de agosto, el diario “El País” publicó una entrevista a Isabel Celaá, ministra de Educación. En ella se recogen las siguientes declaraciones: «La función estricta del sistema educativo es dar educación. Si algo ha demostrado la pandemia es que la escuela es insustituible y la presencialidad también. Pero también ha puesto de manifiesto que las familias necesitan a la escuela para la conciliación. No es una función propiamente específica de la escuela, pero la sociedad, tal y como está organizada, se la atribuye, y por tanto, también ejerce esta función». Y poco después añade: «Tenemos un currículum muy profuso, lleno de contenidos y detalles, del que salen las programaciones de las materias que imparte el profesorado. Esas programaciones deben ser conducidas a los aprendizajes esenciales».

Cualquier lector atento verá que la señora ministra está admitiendo que «la organización de la sociedad», esto es, el sistema de producción que la rige, condiciona la forma en la que se escolariza a nuestros hijos, siendo el ejemplo más claro la cantidad de horas lectivas y su organización horaria que, en muchos casos, es necesaria para que todos los miembros productivos de una familia puedan trabajar y satisfacer así sus necesidades de consumo.

Al mismo tiempo, Celaá admite que muchas de esas horas podrían estar actualmente siendo ocupadas en la promoción de «aprendizajes» no necesariamente  «esenciales». Esto nos lleva a pensar que el Ministerio de Educación no ha querido o no ha podido (hechos a cada cuál más grave, porque el primero implica falta de voluntad y el segundo impotencia de un gobierno) plantear las alternativas que ofrece este último hecho. Esto es, se podría: haber reducido las horas de escolarización general, centrándose en los aprendizajes esenciales; organizado dos o tres turnos diarios, bajando así la proporción de alumnos por clase a la mitad o incluso a un tercio; facilitado también el uso de los espacios al aire libre; ofrecido clases de refuerzo a todos los estudiantes que lo quisiesen o necesitasen y coordinado con las familias tanto el servicio de comedor como actividades complementarias destinadas a cubrir las necesidades de conciliación.
 
Estas medidas podrían a su vez haber contribuido a limitar la exposición de nuestros hijos y sus profesores a las medidas de distanciamiento físico (1,5 metros de distancia entre personas) y social (mascarillas) recientemente impuestas para el ámbito escolar (de nuevo, como tantas veces desde el 14 de marzo, sin debate alguno). De hecho, la prueba de que este escrito no es el único que alza la voz en este sentido, y de que este pequeño esbozo no debería sino alimentar un debate más amplio, la encontrará el lector en la propuesta presentada por el colectivo de familias del País Vasco “Haurrak Ere Bai” el mismo 30 de agosto.

Sin embargo, volviendo a la entrevista, al ser preguntada por aquellos padres que decidan no llevar a sus hijos a la escuela (el periodista menciona las «consecuencias en materia de patria potestad y sanciones penales» que «la legislación prevé»), Celaá responde: «Hemos pedido un informe jurídico, pero pensamos que no van a ser necesarias las medidas coercitivas. Creo que la sociedad española no es en este sentido como una determinada parcela de la sociedad americana. Somos más europeos. Pero he de recordar a las familias que la educación es un derecho del alumno, no de los padres. Y es una obligación de los poderes públicos que ese derecho se satisfaga de los 6 a los 16 años».

A esto podemos responder en primer lugar que, al menos en la Comunidad Autónoma Vasca, educar a los niños en casa está amparado por ley desde la aparición del decreto Balora en julio de 2017. En él se indica que se “«procederá al cierre del expediente» sancionador «si el padre y la madre o las personas que ejercen la tutela o guarda proporcionasen un programa educativo individualizado al niño, niña o adolescente que responda a sus necesidades educativas y no hubiese otros indicadores de desprotección».

Y en segundo lugar: ¿es lícito afirmar, como hace la ministra, que «la educación (entendemos que se está refiriendo a la escolarización) es un derecho del alumno, no de los padres», cuando se ha admitido que aquella está, como poco, formalmente condicionada por el sistema económico para el que los padres trabajan y consumen? Este es el momento en el que los niños gritan que el emperador está desnudo. ¿Les mandaremos callar? ¿Los volveremos a encerrar?

Respecto al hecho de que la señora ministra nos compare con los miembros de la “Asociación Nacional del Rifle” (contribuyendo sibilinamente a la espiral de condena social y delación puesta en marcha por otros representantes políticos y amplificada una vez más por los medios de comunicación), cabría responder que, aunque no se enseñe en la escuela, la objeción de conciencia, la insumisión y la desobediencia civil son herramientas de profunda raigambre europea (Sócrates y Antígona son dos de sus más antiguos referentes), y tienen un papel destacado en la historia de los derechos y las libertades de nuestra sociedad; ¿recuerda la ministra la movilización contra el servicio militar obligatorio o la fundación de las primeras ikastolas en su País Vasco natal?

Si alguien vuelve a entrevistar a Celaá, por favor, que le pregunte cuándo dejarán de tratar a los niños como adultos y a los adultos como niños.

Nos vemos en la calle y, tal vez, en la escuela.