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¿Cómo ha de ser nuestra relación con el territorio?
El urbanismo especulativo del último ciclo alcista terminó abruptamente en una larga crisis económica. Ese desenlace nos obliga a revisar los principios sobre los que hemos construido nuestra relación con el territorio en las últimas décadas y a proponer nuevos paradigmas.
De las soberanías y ordenación del territorio
Eguneratua 2016/05/16 10:43
Iratxe Arriola Alzola Abogada y activista

La ordenación del territorio es una tarea eminentemente política, no es una cuestión técnica. Es el sector público quien debe definir las estrategias, establecer las metas y los objetivos, y ha de hacerlo con participación ciudadana y control social; de manera que se consiga involucrar a la ciudadanía para que incida en el proceso de toma de decisiones, en temas y actividades que se relacionan con desarrollo económico, social y político.
Las Directrices de Ordenación del Territorio son la herramienta que plasma el modelo socio-económico para la CAPV, en definitiva, es el reflejo del país que queremos, donde se dibuja cómo y dónde nos movemos, vivimos, trabajamos, estudiamos, compramos, preservamos los ecosistemas, etc.

Las DOT que están en vigor –de 1997– han traído consigo problemas de urbanización difusa y de baja densidad, ocupación sistemática de espacios agrícolas y naturales, altos índices de movilidad obligada (para ir a comprar, a los hospitales, a trabajar), pérdida de empleo agrario, desaparición del pequeño comercio, etc. Ejemplo claro de la artificialización, son municipios como Sestao, Portugalete o Leioa, que a través de sus sucesivos planes urbanísticos han urbanizado casi el total de su ámbito territorial; en el mismo sentido, las reclasificaciones de suelo industrial tanto en los PTPs como en los PGOUs no cesan, y eso teniendo 4.662 Ha clasificadas y vacías. Observamos también que las grandes superficies y centros comerciales proliferan sin tener en cuenta los impactos que generan (gran ocupación del suelo, generación de tráfico, tendencia a la uniformidad, al mimetismo social, repercusiones en la economía local…). Las zonas metropolitanas están concentrando población e inversión, lo que hace que las comarcas se queden en una periferia respecto a estos nodos urbanos, generando –entre otras cuestiones– desigualdad en la accesibilidad a servicios como la sanidad o la educación. Por tanto, podemos hablar de un auténtico proceso de desequilibrio territorial que se acentúa con la apuesta en favor del paradigma del progreso y la competitividad. Es la mala definición del progreso la que nos ha traído a esta situación.

Necesitamos redefinir progreso y desarrollo. Mercado y competitividad no son valores universales. El sistema económico dominante se cimenta particularmente sobre los flujos de transporte de mercancías y personas, así como en la explotación creciente de los recursos energéticos y medios naturales. La crisis sistémica que padecemos (económica, social, alimentaria, energética y medioambiental) se deriva de la euforia del mal entendido progreso y desarrollo.

Necesitamos un cambio de modelo territorial y desarrollo. Es hora de potenciar el desarrollo local conciliando lo social, la economía, la ecología y la identidad cultural. En este sentido es previsible que el sector agropecuario se convierta en estratégico. A día de hoy la dependencia alimentaria que tene- mos es de un 95%. Los alimentos que llegan a nuestras mesas recorren cada día miles de kilómetros y traen consigo considerables impactos socio-ambientales (huella de carbono y dumping social con mano de obra semi-esclavizada de las y los campesinos).

En Euskal Herria, asimismo, cada vez hay menos baserritarras. La falta de políticas públicas que apuesten por mantener una agricultura viva y crear empleo agrario en condiciones dignas han desprestigiado e infravalorado la labor de las y los baserritarras más allá de la de generadora de alimentos, ya que son a su vez las que cuidan y gestionan el paisaje. No obstante, cada vez hay más gente que tiene interés en trabajar en el sector primario. Uno de las principales obstáculos que se encuentran estas personas es el acceso a la tierra. En las últimas décadas, la urbanización de los suelos agrícolas con altas potencialidades para la producción ha conllevado que las tierras agrícolas fértiles sean cada vez menos, desplazando al sector agropecuario a terrenos menos productivos. Es preciso, por tanto, articular mecanismos de protección efectiva de la tierra.

Si decidimos aumentar nuestra autonomía alimentaria, necesitaremos del elemento estructural base, la tierra; hagamos que sean las futuras DOT las que cumplan con este cometido y que sus determinaciones recobren el carácter vinculante. Apostemos, asimismo, por una estrategia de reutilización y rehabilitación preferente de suelos abandonados por antiguas actividades industriales y volvamos al marco establecido en la Ley de Ordenación del Territorio que diseñaba a los PTPs y PTSs como instrumentos de desarrollo de las DOT para garantizar la coherencia e integración entre los planes. Y aprovechemos el camino para revisar la estructura institucional-territorial que estableció la LTH y que ha resultado contraproducente para la cohesión y diversificación territorial. Eliminemos las diputaciones forales y creemos unas comarcas institucionalizadas ligadas a su realidad socio-política. Con el nivel de dependencia que tenemos actualmente en materia energética, alimentaria… poca independencia podemos esperar. Es hora de ir trabajando las soberanías.

«Si decidimos aumentar nuestra autonomía alimentaria, necesitaremos del elemento estructural base, la tierra; hagamos que sean las futuras DOT las que cumplan con este cometido y que sus determinaciones recobren el carácter vinculante»