La consejera de Justicia del Ejecutivo de Gasteiz, Idoia Mendia, ha ofrecido una rueda de prensa tras comparecer ante la ponencia del Parlamento de la CAV sobre víctimas de la violencia estatal.

Además de anunciar que el decreto referido al periodo comprendido entre 1960 y 1978, cuyo borrador inicial ya fue presentado en febrero, se aprobará el próximo martes, Mendia se ha mostrado «optimista» respecto a la próxima aprobación del texto referido a los años posteriores a 1978.

La titular de Justicia ha reconocido que la elaboración del nuevo decreto será «más compleja», dado que se referirá a la etapa posterior a la entrada en vigor de la Constitución española, con «unos gobiernos y unos tribunales de justicia legítimos». Por el contrario, el texto que se aprobará el próximo martes abarcará vulneraciones de derechos humanos cometidas en la dictadura o antes de 1978.

El Ejecutivo autonómico se ha negado en todo momento a unificar todos los casos en un mismo decreto.

Menos compensaciones

En su comparecencia, Mendia ha subrayado que el visto bueno que se dará la próxima semana es el «primer paso» para cumplir el mandato del Parlamento de Gasteiz para la reparación de las víctimas de la violencia estatal. El reconocimiento político y las indemnizaciones previstas están por debajo de las otorgadas por ley a las víctimas de ETA.

Para estas últimas, la Ley estatal de Víctimas del Terrorismo prevé una indemnización de 250.000 euros en caso de fallecimiento, mientras que el decreto de Lakua establece una ayuda de 135.000 euros para las víctimas de la violencia estatal en el mismo supuesto.

En caso de invalidez, las víctimas de ETA recibirán 500.000 euros, mientras que Lakua contempla una ayuda de 390.000 euros.

Según ha explicado la consejera de Justicia, la principal novedad que tendrá el texto definitivo respecto al borrador de febrero es que también se reconocerá y se compensará a las familias de las personas que sufieron lesiones graves pero que ya han fallecido, algo que antes no estaba contemplado. Además el inicio de la etapa ha pasado de 1968 a 1960.

Al margen de estas modificaciones, se han introducido cambios formales de carácter administrativo y jurídico. La consejera de Justicia de Lakua ha asegurado que, tras estas matizaciones, el Gobierno español, que había planteado diversas objeciones al borrador, ha dado el visto bueno al decreto.

En el plazo de un mes a partir de la aprobación de la norma, se prevé constituir la comisión evaluadora, que se encargará de analizar las solicitudes de reconocimiento y de ayudas que se presenten.