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MADRID

La AN retoma la deliberación sobre la sentencia de Estrasburgo contra la ‘doctrina Parot’

El pleno de la Audiencia Nacional española retoma hoy las deliberaciones, que aplazó el pasado 18 de setiembre, sobre la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que exigió la excarcelación de la presa navarra Inés del Río por considerar que se le aplicó la ‘doctrina Parot’ de forma «irregular» y censurar la aplicación de la doctrina que se aplicó en la sentencia 197/2006.

La reunión de los 18 magistrados que integran el pleno del tribunal especial comenzará a las 16.30, después de que en su encuentro anterior no pudieran alcanzar ningún tipo de decisión respecto a si excarcelan o no a Inés del Río.

Precisamente hoy finalizaba el plazo para recurrir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, algo que ya hizo el Gobierno español el pasado jueves a través de la Abogacía del Estado.

El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió, cuando anunció la interposición del recurso, que el Estado español ha cumplido los preceptos legales en esta materia y asumir la sentencia del tribunal de Estrasburgo «tendría una repercusión muy negativa para el sistema jurídico español».

El recurso del Ejecutivo español entiende además que la sección tercera del TEDH, la que dictó la sentencia, se apartó de la doctrina del tribunal europeo, que hasta ahora había defendido que los beneficios carcelarios no forman parte de las condenas y, por lo tanto, no están protegidos por el principio de «irretroactividad».

La posición del Ejecutivo español, llevada a la práctica por la Fiscalía, no se sostiene, según los abogados de la presa política natural de Tutera y vecina de Tafalla. Tras conocer la sentencia del TEDH declararon que el recurso anunciado tiene «poquísimo recorrido» y que deja «herida de muerte» la doctrina 197/2006.

Con la decisión que adopte, la Audiencia Nacional española sentará jurisprudencia para el resto de presos políticos -unos 70- a los que se les ha aplicado la denominada ‘doctrina Parot’, que obliga a descontar los beneficios carcelarios del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.