El juicio por la catástrofe del Prestige se reanudará el 13 de noviembre con la declaración del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, y los otros dos acusados presentes, después de que este miércoles haya concluido el trámite para las cuestiones procesales. La admisión o no de las testificales y pruebas periciales aportadas por las partes deberán de ser ahora resueltas en un auto por el tribunal.

En la segunda sesión, el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha argumentado que la empresa armadora del Prestige, Universe Maritime, a la que se considera responsable civil subsidiaria, «no está porque no quiere» y que con la petición de suspensión del juicio la defensa busca «evitar ser enjuiciada por los tribunales españoles». Así, ha señalado que si se tratara de un proceso civil y no penal sería declarada «en rebeldía».

El fiscal, que no se ha opuesto a la proposición de prueba planteada por las partes apelando a la «generosidad» para evitar que se apele a posibles «indefensiones», ha tildado de «exagerado» que por parte de la defensa del capitán se haya apelado a una «conspiración» contra Apostolos Mangouras por parte del Gobierno español tras el siniestro del petrolero.

También ha rechazado la solicitud de nulidad de la acusación al capitán por un delito contra el medio ambiente y de la documentación recogida en el barco, después de que la defensa alegase que fue «incautada» por las autoridades españolas.

A los argumentos del fiscal se ha sumado el abogado del Estado quien, en caso de que no se ejecute la acción civil contra Universe Maritime, se ha reservado la posibilidad de que el Estado promueva las correspondientes acciones civiles. También lo ha planteado el letrado de la Xunta, quien ha pedido que se estudie la posibilidad de declararla en rebeldía.

La acusación ejercida por la Xunta de Galicia y la defensa del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, también han rechazado suspender la vista.

En la primera jornada de la vista oral, el Ministerio Fiscal reclamó indemnizaciones que suman más de 4.000 millones de euros por los daños causados por la marea negra causada por el hundimiento del Prestige, mientras las defensas pidieron la nulidad del juicio.