Feijóo despide su legislatura al frente de la Xunta con una última ola de movilizaciones sociales en protesta por su gestión. Son las políticas de recortes, de las que presumió durante todo el mandato presentándose como un adalid de la austeridad, las que provocaron que estos tres años y medio estuvieran marcados por una fuerte conflictividad en las calles.

El Partido Popular hizo uso de su mayoría absoluta en el Parlamento gallego —por apenas un diputado de diferencia y después de haber obtenido menos votos que la suma de la oposición— como un implacable rodillo. Un rodillo inflexible y sordo, que ignoró reiteradamente la voluntad popular que se expresaba en las calles con protestas históricas. Feijóo, en este sentido, sienta las bases del mismo modelo de Gobierno que hoy Rajoy practica desde Madrid.

Su ofensiva españolista contra la lengua propia de Galiza, el gallego, con un decreto que en la práctica lo desalojó de las escuelas e institutos. Su beligerancia ideológica en asuntos como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con su sumisión al lobby antiabortista y a los segmentos ultracatólicos de su partido. O su acción continuada de deliberado desmantelamiento de aquellos avances logrados durante la etapa de cogobierno entre socialistas y nacionalistas, que sentaban las bases para un cambio profundo después de dieciséis años de gobiernos Fraga, definen una acción política que insistió en ejecutar ya no de espaldas al pueblo, a la ciudadanía, sino incluso mostrándose desafiante frente el masivo descontento, que tomó forma de masivas manifestaciones y numerosos actos de protesta.

Hoy la principal preocupación del Partido Popular, muy nervioso ante la posibilidad cierta de ser desalojado de la Xunta de Galiza, se refiere precisamente al alcance electoral en el que se pueda traducir del descontento social, de la rabia que su acción de gobierno ha generado entre muy amplios sectores sociales. Fuentes populares reconocen las dificultades de esta campaña que los obliga a redoblar esfuerzos para intentar evitar la tendencia de cambio que algunos creen ya irreversible.

Respuesta sindical

La campaña electoral arrancaba en Galiza con manifestaciones convocadas por el sindicalismo nacionalista y de clase, organizado en la Confederación Intersindical Galega (CIG).

La CIG, central mayoritaria en afiliación con casi 80.000 afiliadas y afiliados cotizantes (cifra que no ha parado de crecer desde su constitución en 1994) y cuya representatividad sindical es de al rededor del 30% con más de 6.000 delegadas y delegados sindicales, iniciaba con esa convocatoria —que se saldó con un importante éxito de asistencia— una campaña decidida a promover la salida del PP del Gobierno autonómico, con mensajes explícitos en los que comparaban votar a ese partido con un «suicidio» para la clase trabajadora llamaban a «parar» sus políticas y a apostar por un giro desde la izquierda y el nacionalismo. La relevancia de la convocatoria la certificó el propio Partido Popular intentando ilegalizar las marchas, objetivo que no consiguió al recibir una resolución negativa de la Junta Electoral.

Lo cierto es que esta campaña es el corolario a un período en el la respuesta sindical alcanzó niveles históricos. Galiza protagonizó tres huelgas generales masivas contra las políticas antiobreras de los sucesivos gobiernos centrales, una de ellas —la del 27 de enero de 2010— fue convocada por primera vez en solitario por el sindicalismo nacionalista.

A pesar de que durante el primer tramo de la legislatura CCOO y UGT participaron de las llamadas «mesas de diálogo social» impulsadas a nivel autonómico por la Xunta, y de las que la CIG no participó desde un primer momento, las centrales sindicales de ámbito Estatal vienen de reorientar su estrategia abandonando las mismas.

Así mismo, desde este verano las tres principales centrales sindicales convergen en una dinámica de unidad de acción a nivel movilizador que esta misma semana resultará en la constitución formal de la ‘Alianza Social Galega’, una macroplataforma sindical y de movimientos sociales gallegos —60 organizaciones harán parte de ella— que se conforma para dar una respuesta de conjunto a las políticas de recortes y que tendría en agenda la convocatoria de una nueva huelga general para Noviembre.

Servicios públicos

La defensa de unos servicios públicos de los que el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ha sido azote, perpetrando una política de recorte tras recorte, también protagonizan la agónica despedida de este primer, y quizás último, mandato de Feijóo como Presidente.

Este mismo lunes la Plataforma Galega en Defensa dos Servizos Públicos, constituida por CIG, UGT y CCOO, junto a una larga lista de sindicatos minoritarios y organizaciones sectoriales, convocaba manifestaciones en las siete principales ciudades gallegas a las que acudieron miles de gallegas y gallegos para reclamar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y para exigir que cese la precarización laboral (disminución de salarios, despidos...) contra las y los trabajadores del área pública.

Participaciones preferentes

Sin embargo, si hay un colectivo que se ha distinguido por su intensidad en el acoso movilizador al Partido Popular es el de las y los afectados por la estafa de las participaciones preferentes.

Casi cien mil familias gallegas han visto secuestrados sus ahorros, muchos de ellos frutos de toda una vida de trabajo, por un producto financiero tóxico cuyos efectos el propio Feijóo reconoció públicamente que conocía con anterioridad, pero que se vio obligado a callar y también a no hacer nada.

Las y los afectados por las preferentes han mantenido una presencia casi constante en actos de precampaña y campaña del Partido Popular, como por ejemplo en el acto de inicio de curso que el partido celebró en Soutomaior, donde Rajoy se vio obligado a intervenir con silbidos y abucheos de fondo, o más recientemente en el mitin de Pontevedra, donde Rajoy y Feijóo compartieron escenario y tuvieron que soportar los reproches de varias decenas de personas concentradas en las puertas del recinto.

El regreso de Nunca Máis

El inicio del juicio que deberá clarificar las responsabilidades sobre el hundimiento del Prestige, que supuso la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Galiza, provocó el regreso a las calles de Nunca Máis. La Plataforma ciudadana que lideró la masiva respuesta social frente a la incompetencia de los gobiernos autonómico y central de aquel momento —ambos en manos del Partido Popular— convocó una concentración a las puertas mismo del recito ferial que albergará las sesiones del juicio.

Centenares de personas, entre las que se encontraba una nutrida representación de las fuerzas vivas del país, volvieron a proclamar voz en grito la consigna de dignidad que atronó en las calles gallegas hace apenas una década.

Huelga estudiantil

Este miércoles serán las y los estudiantes los que vuelvan a salir a la calle. Lo harán en el marco de una nueva huelga estudiantil impulsada por organizaciones juveniles y estudiantiles del nacionalismo gallego, con el apoyo de la federación de enseñantes de la CIG. 23 manifestaciones en otros tantos puntos de la geografía gallega reiterarán, a las doce del mediodía como hora de salida, la masiva oposición a la política educativa del Partido Popular.