El Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció sus intenciones el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, y ha acelerado los trámites para evitar que esa paga llegue a pagarse en los próximos días.

El TC decidirá sobre la admisión a trámite de este asunto en su próximo pleno y, si lo acepta, suspenderá la aplicación de la norma de Lakua al menos cinco meses. Este es el tiempo que tendrá el Constitucional para ratificar o levantar la suspensión, a la espera de una resolución del conflicto.

El Gobierno de Gasteiz, que se encuentra en funciones, anunció su intención de pagar esta extraordinaria en diciembre a sus 67.000 empleados públicos porque así lo recoge su Ley de Presupuestos.

El Ejecutivo del PP esgrime sin embargo a su favor que el Estado español es «legítimo para establecer límites retributivos de los empleados públicos, que operan como límites de la autonomía financiera autonómica, según se establece en la doctrina del propio Tribunal Constitucional».

El Gobierno español estudia también el caso de Nafarroa, que también pagará una extra en Navidad a sus funcionarios, aunque lo harán en enero y, técnicamente, supondrá un adelanto de la paga de verano.