Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado, con los votos de Bildu, PNV y Aralar, una propuesta a través de la cual dicha Cámara insta a suspender los juicios «con intencionalidad política», a la puesta en libertad de todas las personas que han sido imputadas y condenadas «por la práctica de derechos civiles y políticos que les asisten», así como a la legalización de todos los partidos ilegalizados en la última década. Por último, reclaman revocar la Ley de Partidos.

La iniciativa se ha llevado a cabo en apoyo a los quince jóvenes de Donostialdea condenados a seis años de prisión por pertenencia a Segi. Varios de estos jóvenes, cuyas condenas serán revisadas por el Tribual Supremo el próximo 13 de febrero, han asistido al pleno celebrado en las Juntas, arropados por representantes de las formaciones que integran Bildu.

En la rueda de prensa previa al pleno, los jóvenes han hecho público un comunicado para denunciar la situación en la que se encuentran y han llamado a movilizarse el día 13, a las 19.00 horas en la plaza del Buen Pastor en Donostia.

En la sesión plenaria, el juntero de Bildu Inko Iriarte ha leído un testimonio de Ekaitz de Ibero, que tenía que presentarse este miércoles en prisión para cumplir otra condena de cuatro años y tres meses por un supuesto acto de «kale borroka».

Iriarte ha abogado por da pasos «entre todos» por la «cohesión social y la convivencia» para lograr la paz y ha pedido que se absuelva a estos jóvenes.

Por su parte, el portavoz juntero del PNV, Markel Olano, ha criticado que todavía hay partidos que critican «la estrategia de ilegalizaciones» pese a que el contexto social «ha cambiado». A su juicio, el argumento por el que se condena a estos jóvenes es «meramente político», lo que refleja «una calidad de la democracia cero».

La portavoz juntera del PSE, Rafaela Romero, ha señalado que su grupo cree que es necesario el trabajo «común y plural» de la sociedad y los agentes políticos para garantizar «el nuevo tiempo de paz que requiere de propuestas políticas que fomenten la convivencia y el reconocimiento».

La juntera del PSE ha señalado que su formación acoge «con respeto» los testimonios de todo tipo de vulneraciones de derechos, no obstante, ha indicado que la aplicación justa del derecho parte de que las ideas y defenderlas «no tiene que perseguirse judicialmente».

Iñigo Manrique, juntero del PP, ha calificado de «distante y alejada de la sociedad» la propuesta aprobada, ya que no recoge que los miles de ciudadanos que han sido ilegalizados e inhabilitados «no han mostrado ni la más mínima crítica a la barbarie terrorista».

La juntera de Aralar Maite Sarasua ha afirmado que estamos en una «fase de transición» en la que en el Estado español «hay mucho de lo viejo», mientras que en Euskal Herria «hay mucho de lo nuevo y una gran necesidad y urgencia por pasar página».