Ramón SOLA
DONOSTIA

Madrid excusa que la Guardia Civil ocultara los calabozos al CPT

El informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura sobre su visita al Estado español en 2011 deja otro episodio revelador. La Guardia Civil intentó impedir a la delegación el acceso al cuartel de Guzmán el Bueno, en Madrid, que es justo en el que estuvo incomunicada Beatriz Etxebarria, cuya denuncia de violación recoge el informe. La CPT debió entrar por la puerta trasera que abrió un empleado de la limpieza, pero el Gobierno defiende a la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil, durante un operativo realizado en 2011 en Burlata. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)
Agentes de la Guardia Civil, durante un operativo realizado en 2011 en Burlata. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)

El informe del CPT europeo relativo a su visita de 2011 al Estado español incluye un episodio muy ilustrativo sobre el modo de actuar de la Guardia Civil y que resultaría hasta jocoso si no fuera por la gravedad del caso.

El Comité incluye una queja expresa por los problemas que encontró para acceder a la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil en la Dirección General del instituto armado, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid.

No se trata de un sitio cualquiera, sino que allí se han producido algunas de las denuncias más graves de tortura de los últimos tiempos. Y en concreto, la violación en los calabozos referida por la joven de Bilbo Beatriz Etxebarria, que se recoge en este informe europeo.

Pues bien, este dictamen refiere en la página 10 que tras llegar al lugar la delegación, «durante algo más de una hora, oficiales de la Guardia Civil negaron el acceso a la zona de detención, aduciendo que el edificio estaba fuera de uso». «Dado que prácticamente todas las personas detenidas a las que se aplica el régimen de incomunicación son trasladadas a estas dependencias, este argumento no es válido», replica el CPT.

El «sainete» aumenta al comprobar que la Guardia Civil indicó a los enviados europeos que no había llaves del edificio. Finalmente, el Comité explica que «la delegación consiguió encontrar una puerta trasera, que les abrió desde dentro un encargado de la limpieza».

Critica además que esta situación no era nueva: «La delegación del CPT se encontró con las mismas trabas para acceder a esas dependencias en el transcurso de la visita que realizó en 2007, y no se había hecho nada para que esta situación no volviera a repetirse». En consecuencia, formula una de sus recomendaciones: «El Comité confía en que las autoridades españolas adopten ahora las medidas necesarias para garantizar que esta situación no se repita en futuras visitas».

Dice que no había llaves

Tan llamativa como la actitud de la Guardia Civil es que el Gobierno español dedique más de dos páginas de alegaciones a justificar esta actitud. Argumenta que solo se trató de un retraso justificable en que, por un lado, el edificio estaba en fase de rehabilitación y que, por otro, al no haber detenidos en aquel momento las llaves se encontraban en la Jefatura de Información, situada en Barajas, «a catorce kilómetros».

El Gobierno español parece preocupado por la imagen ofrecida ante Europa, hasta el punto de otorgar gran importancia a los detalles más nimios: «El hecho de que la delegación lograse acceder finalmente a los calabozos por una puerta trasera, debido a la intervención fortuita de un empleado de la limpieza que se encontraba en el interior a fin de asear las dependencias, no desdice en absoluto la realidad, que es que las llaves no estaban disponibles», esgrime.

Finalmente, por cierto, la delegación europea consiguió acceder a la comisaría central de la Guardia Civil. Explica que «las ocho celdas diseñadas para un único ocupante seguían sin tener acceso a la luz natural, tenían escasa ventilación y la iluminación artificial resultaba inadecuada». Cita que en 2007 ya se le había trasladado que se iban a reformar, pero no había ocurrido así. De modo que, cuatro años después, el CPT vuelve a insistir en que hay que remodelar estos calabozos «sin más dilaciones» y reclama ser informado sobre cómo va este proceso en un plazo de tres meses.