Las penas más duras que siempre les parece poco

La sentencia de Estrasburgo que invalida la doctrina 197/2006 ha dado alas a los defensores del populismo punitivo en el Estado español. Afirman que las leyes en Madrid son «laxas» frente a las normas europeas. Un tópico que choca con la realidad: los presos vascos, con condenas de hasta 31 años, son los que más tiempo pasan en la cárcel.

@albertopradilla|27/10/2013|2 commentaires
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Joxe Mari Sagardui, «Gatza», abandonó la cárcel en 2011 como el ciudadano europeo que más tiempo llevaba entre rejas. Permaneció 31 años. (Monika DEL VALLE / ARGAZKI PRESS)
Resulta paradójico que, mientras los ejemplos prácticos refutan a los defensores del «más cárcel», estos han logrado introducir sus tesis tanto en PP como en PSOE, que han protagonizado una carrera para cerrar los posibles huecos de una cadena perpetua que ya es efectiva.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos invalidando la doctrina 197/2006 y el alargamiento artificial de las penas de prisión ha dado nuevamente alas a los defensores del populismo punitivo en el Estado español. Unos sectores que aprovechan cualquier oportunidad para denunciar la supuesta «laxitud» de las leyes españolas, tanto hacia miembros de ETA o personas condenadas en relación al conflicto vasco, como con presos comunes acusados de graves delitos. Desde el lunes, organizaciones como la AVT y los canales televisivos de ultraderecha, que en Madrid son mayoría, han bombardeado con la idea de que las penas de prisión son reducidas en comparación con otros estados.

Tras la liberación de Inés del Río, por ejemplo, han sido habituales los comenterios que aseguraban que «solo» había permanecido en la cárcel 26 años (los últimos cinco, de forma irregular, tal y como reconoce la propia Audiencia Nacional). Sin entrar a valorar una afirmación que deja claro que, para buena parte de la derecha española ninguna pena sería suficiente, resulta necesario recordar que la realidad refuta estas teorías.

De hecho, los presos políticos vascos condenados en el Estado español están a la cabeza del siniestro ránking de años cumplidos en prisión. Es el caso, por ejemplo, de Joxe Mari Sagardui, Gatza, quien abandonó la cárcel en 2011 como el ciudadano europeo que más tiempo llevaba entre rejas. Permaneció 31 años encerrado en 14 cárceles diferentes, los dos últimos de forma irregular, según han determinado los jueces. Pese a que los hechos ponen en cuestión las tesis de los sectores ultras que siempre abogan por más castigos, no se puede obviar la importancia política de sus posicionamientos.

Han logrado extender su discurso y, gracias al trabajo de lobbys como la AVT, conseguir que el PP llegue a legislar sobre cuestiones que hasta incluso ellos habían considerado anticonstitucionales. Es el caso de la «prisión permanente revisable», incluida en el nuevo Código Penal. En realidad, y pese a los esfuerzos del ministro Alberto Ruiz Gallardón, el debate se limita a lo terminológico. Porque, además del hecho de que ETA haya decretado el cese definitivo, mediante la denominada «doctrina Parot» y los sucesivos cambios legislativos, Madrid lleva años aplicando una cadena perpetua «de facto» que va más allá de lo que se cumple en países que sí tienen reglada esta figura en su corpus punitivo.

No se puede olvidar que, tras la modificación del Código Penal en 2003, que imponía el cumplimiento de 40 años efectivos, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegó a felicitarse públicamente de que Arkaitz Goikoetxea, detenido en Bizkaia en aquella época, «fue arrestado con 28 años y saldrá con 68». Toda una definición de cadena perpetua que no tiene parangón en Europa.

Los casos de Sagardui y Jon Agirre, con 31 y 30 años de cárcel a sus espaldas, son representativos. Ambos abandonaron la prisión en 2011, después de permanecer entre rejas cuatro y tres años más que, por ejemplo, Nelson Mandela, que estuvo en prisión algo más de 27 años. No son los únicos, ya que la aplicación de la doctrina 197/2006 ha multiplicado los años de pena. En Europa, casos relacionados también con organizaciones armadas no han registrado condenas efectivas de tanta duración, ni siquiera donde sí que existía la cadena perpetua. Por ejemplo, en el Estado francés. Filipe Bidart fue excarcelado en 2007 tras cumplir 19 años y después de haber sido condenado a dos cadenas perpeturas. Por su parte, Natalie Meningno, militante de Acción Directa, abandonó la prisión en 2008 después de 21 años.

También existen otros casos. En Alemania, Brigitte Mohnhaupt, activista de la RAF, pasó 24 años entre rejas tras ser condenada a cinco cadenas perpetuas por acciones armadas contra banqueros, empresarios, abogados o soldados estadounidenses. Eva Haule, también miembro de esta organización, estuvo 21 años. Por último, Irlanda sirve también como símbolo. Brendan McFarlane, miembro del IRA, fue encarcelado en 1976, también con la sentencia de la cadena perpetua. En 1983 participó en la fuga masiva del «bloque H» de la prisión de Long Kesh, siendo detenido en Holanda en 1986, extraditado a Inglaterra y encarcelado hasta 1997. En total, y con una fuga de tres años entre medio, el activista permaneció 18 años. En aquella fuga participó también Gerry Kelly. En 1973 fue condenado a dos cadenas perpetuas y otra pena de 20 años por diversos ataques con coche bomba. Estuvo en prisión 13 y, tras los acuerdos de Viernes Santo, ha desempeñado importantes roles en el Ejecutivo de Belfast por el Sinn Féin.

Resulta paradójico que, mientras los ejemplos prácticos refutan a los defensores del «más cárcel», estos han logrado introducir sus tesis tanto en PP como en PSOE, que han protagonizado una carrera para cerrar los posibles huecos de una cadena perpetua que ya es efectiva. Brevemente. El cambio del Código Penal de 1996 eliminó las redenciones. También incluía la posibilidad de acceder a la libertad cumpliendo 2/3 o 3/4 de la pena. Una opción que no se aplica a los vascos. En 2003, además, se amplió el cumplimiento íntegro hasta los 40 años. No obstante, nada era suficiente. Y ahí llegó la «doctrina 197/2006», impuesta por el Tribunal Supremo en 2006. Una herramienta que, hasta su derogación, puso su grano de arena en convertir al sistema carcelario español en el que impone penas más largas.

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