Iruñea será la primera capital del Estado que recurra a la Justicia española para perseguir los crímenes del franquismo. Así lo decidió ayer el pleno de la capital navarar, que aprobó por mayoría un texto con los votos de EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi, PSN e Izquierda-Ezkerra. Únicamente UPN se posicionó en contra. La decisión supone dar un paso más en la estrategia de la Plataforma por la Querella Argentina, que expresó su satisfacción a través de un comunicado. Ahora, los servicios jurídicos del Consistorio de Iruñea tendrán que formular la demanda en relación a los 308 fusilados tras el levantamiento fascista de 1936 que fueron ejecutados pese a que en Nafarroa no hubo frente de guerra. En el texto se recuerda que diversas instituciones internacionales han censurado la impunidad con la que se cometieron los crímenes durante la dictadura franquista.

El objetivo de la querella es que los juzgado de Iruñea investiguen «los crímenes contra la humanidad cometidos» por el franquismo contra vecinas y vecinos de Iruñea. En este sentido, el texto piode que «se determinen las circunstancias en las que fueron perpetrados, quiénes fueron sus responsables directos y mediatos y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena». Para ello, el Ayuntamiento dirigido por Joseba Asiron comenzará un trabajo con asociaciones de víctimas para recabar testimonios y ampliar la documentación. A su vez, trasladará el acuerdo a la juez argentina María Servini, que es quien instruye la causa contra el franquismo que se desarrolla en Buenos Aires. 

El acuerdo del Ayuntamiento de Iruñea tiene especial relevancia porque se trata de la primera ocasión en la que un Consistorio da un paso adelante y anuncia una demanda ante la justicia española. Esta vía se abrió después de que la Audiencia Nacional española rechazase extraditar al exguardia civil Jesús Muñecas y al antiguo policía español Antonio González Pacheco, «Billy el Niño». En aquellos casos, el juez planteó que, en lugar de aceptar la entrega a Argentina, el país sudamericano podía presentar una demanda en el lugar en el que ocurrieron los hechos. Esto también permitía que las instituciones del Estado recurriesen a la justicia española. No obstante, el tribunal de excepción ya advertía de que la ley de amnistía de 1977 impedía que los hechos fuesen juzgados y limitaba el procedimiento a un trámite sin efectos reales.

Iruñea es una de las 100 localidades del Estado que se ha sumado a la querella argentina y, con este paso, el Gobierno del cambio lidera la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas.