En su recurso contra la decisión del juez Fernando Andreu, la fiscal Ana Noé discrepa con que la pitada esté amparada por la libertad de expresión y pide que se sigan investigando estos hechos y se requiera al FC Barcelona, como responsable de la seguridad del campo, «para que informe si autorizó el reparto de los objetos que se emplearon» en la pitada.

También reclama que se tome declaración a los responsables de las entidades y asociaciones que firmaron el manifiesto en el que se invitó a los asistentes a llevar a cabo la protesta.

El juez Andreu basó su decisión de archivar esta denuncia, interpuesta entre otros por Vox y Manos Limpias, en que en 2009 se produjo un hecho similar en el estadio de Mestalla (Valencia). Entonces la Fiscalía no vio ningún indicio de delito y el magistrado Santiago Pedraz archivó el caso.

Para la fiscal, si bien se trata de hechos «muy similares», no son de «absolutamente idénticas características». Recuerda a este respecto que la causa se dirige contra una asociación, Catalunya Acció, que planificó «de forma anticipada la pitada contra el rey y contra el himno nacional» y lo anunció en las redes sociales, además de facilitar los medios para llevarla a cabo «en un entorno multitudinario y con enorme difusión mediática».

«Notable sentimiento de indignación»

La Fiscalía entiende que la cuestión fundamental es determinar si los actos ejecutados pueden considerarse ofensivos en la medida en que han sido «organizados, planificados y realizados única y exclusivamente con el deliberado propósito de rechazar y despreciar al jefe de Estado y al himno nacional».

Además este acto fue «presenciado públicamente por millones de personas» y generó «un notable sentimiento de indignación en la población española en cuanto fueron despreciados símbolos representativos de su dignidad como pueblo y como nación».

«Los hechos no dejan de constituir una cierta alteración del orden público, por muy civilizada y pacífica que se quiere presentar tal acción amparándose en la libertad de expresión», añade, y argumenta que en recintos donde se celebran eventos deportivos o espectáculos que congregan a gran número de personas este tipo de comportamientos «generan situaciones de riesgo que pueden desembocar en una grave perturbación del orden público».