EH Bildu ha defendido, en un comunicado, su gestión  y las decisiones que adoptó en la pasada legislatura sobre la incineradora de Zubieta y se ha ratificado en que los dirigentes de la Diputación de Gipuzkoa y de GHK «actuaron cumpliendo la ley al 100%».

Ha insistido en que la incineradora estaba «sobredimensionada», por lo que era necesario rescindir el contrato –lo que se hizo de común acuerdo con las constructoras– «por el interés general de la ciudadanía». «Lo cual ha quedado demostrado con las decisiones tomadas por el actual Gobierno foral, que ha acabado reduciendo de forma considerable las dimensiones de la planta inicial», ha subrayado.

Además, ha destacado que la sentencia del TSJPV, aunque ratifica la anulación del acuerdo de rescisión del contrato, «da la razón a EH Bildu en aspectos muy relevantes», al confirmar que GHK «sí tenía competencia para tomar dicha decisión».

En su opinión, «las personas con responsabilidades públicas tienen la obligación de impedir que se construya una infraestructuras sobredimensionada, con el fin de evitar los perjuicios que pudiera ocasionar».

«Una administración pública debe defender hasta el final los intereses de la ciudadanía, especialmente en dos ámbitos: la protección de la salud y del dinero público», ha argumentado.

Por ello, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, contra la decisión del TSJPV que desestima el recurso de las mancomunidades de Tolosaldea y Urola kosta contra la decisión del juzgado de Donostia que anuló la rescisión del contrato de la incineradora.