Alrededor de un centenar de personas se han concentrado junto a la antigua estación de autobuses, debajo o de las viviendas vacías que tiene el Ayuntamiento de Iruñea, para exigir que no haya «casas sin gente, ni gente sin casas».

Allí han exhibido pancartas con lemas alusivos a la Ley de Vivienda que han registrado en el Congreso español y que recoge medidas de la ILP de 2013, que no salió adelante, junto con otras nuevas que giran en torno a cinco ejes: la dación en pago con efectos retroactivos; la lucha contra la pobreza energética; alquileres asequibles; viviendas sociales y el fin de los desahucios.

La concentración se enmarca dentro de las iniciativas que están desarrollando a nivel estatal mientras se tramita la ley. Así cada mes en diferentes ciudades realizarán acciones que inciden en alguno de sus puntos fundamentales, en este caso la exigencia de viviendas en alquiler asequibles y de viviendas sociales.

Con los chalecos verdes de la plataforma en los que se lee «Sí se pued»", los asistentes han coreado consignas como «ni casas sin gente, ni gente sin casas» o «una habitación no es un hogar».

Sus demandas han sido detalladas por Begoña Alfaro y Iosu Osta, quienes han señalado que entre 2013 y 2016 más de 600 familias han perdido su vivienda por desahucios bancarios y otras 981 han sido desahuciadas por no poder pagar el alquiler.

En Nafarroa, según han denunciado, un 9% de las familias está en situación de pobreza y mientras tanto la banca, «después de desahuciar, tiene más de 400 viviendas vacías» y solo en Iruñea tiene 348 pisos en propiedad, la mayor parte de ellos vacíos.

Ley navarra recurrida ante el TC

Si la ley de vivienda aprobada por el Parlamento de Nafarroa no estuviera paralizada por un recurso del PP ante el Tribunal Constitucional, según han subrayado, se hubieran podido expropiar temporalmente las viviendas vacías de los bancos para destinarlas al alquiler social de las familias necesitadas.

A las administraciones les han dicho que es su «obligación destinar los recursos necesarios para disponer de vivienda pública en alquiler asequible».

En este sentido han señalado que el Ayuntamiento de Iruñea ha rehabilitado 79 viviendas para ponerlas en alquiler social, pero tiene 91 vacías mientras más de 300 familias le han solicitado una vivienda en alquiler por estar en emergencia habitacional.

Por su parte, el Gobierno navarro tiene un plan de construcción de 524 viviendas para alquiler en esta legislatura, pero hay más de 5.100 familias que están necesitadas de este tipo de vivienda. A eso han añadido que debe invertir recursos para disponer de más vivienda pública, ya que las mil actuales, junto con las 524 programadas, son «manifiestamente insuficientes».

«No es de recibo que exista tanta vivienda vacía pública mientras familias con menores malviven en habitaciones porque los alquileres libres son escasos, y además muy caros», el último año han subido un 15,8 %, según han sostenido.

Entre sus demandas figura también la modificación la Ley de Alquileres, garantizando a los inquilinos una estabilidad, pasando de los 3 años actuales de contrato mínimo a 5 años, y en el caso de viviendas de bancos e inmobiliarias de un mínimo de 10 años.