El juez instructor de la localidad siciliana de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, ha ordenado liberar al barco de la ONG catalana Proactiva Open Arms, que permanecía inmovilizado en el puerto siciliano de Pozzallo desde el 18 de marzo, tras rescatar a 218 migrantes que se encontraban a la deriva en el mar Mediterráneo. 

Entonces, la justicia italiana abrió diligencias contra la jefa de misión, Anabel Montes, el capitán, Mark Reig y a un responsable de la organización a los que acusaba de favorecer la inmigración clandestina.

La abogada de la ONG, Rosa Emanuela Lo Faro, ha confirmado la decisión del juez de liberar el barco, rechazando así la orden de incautación confirmada el 27 de marzo por la Fiscalía de Ragusa.

El juez justifica que el comportamiento de la ONG «fue motivado por el estado de necesidad».

En su auto, describe todo lo que ocurrió durante y tras el rescate de los 218 migrantes y en la posterior petición a Malta para evacuar a una mujer con su bebé en graves condiciones y cómo la ONG no quiso entregar a las autoridades libias a los migrantes socorridos, ni atracar en un puerto maltés, circunstancias por las que la fiscalía de Catania (Sicilia) abrió una investigación que posteriormente pasó a la de Ragusa.

Pero para el juez de Ragusa, «las operaciones de rescate de inmigrantes no se limitan a la recuperación en el mar sino que deben completarse y concluirse con el desembarco en un ‘lugar seguro’ (POS, place of Safety, en sus siglas en inglés) como está previsto en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR) firmado en Hamburgo (Alemania) en 1979».

Considera además que «falta la prueba de que existan POS en territorio libio, por ejemplo bajo el control de instituciones internacionales, capaces de acoger a los inmigrantes en aguas de competencia y que respeten sus derechos fundamentales».

El auto recuerda que Malta no ha ratificado las Convenios de SAR y aquellos para proporcionar un «lugar seguro», aduciendo que su territorio es reducido.

También explica que durante el rescate de un tercera lancha, Italia se declaró dispuesta a dar un «puesto seguro» de desembarcó si la petición venía del Estado de bandera de la embarcación (es decir, Estado español), como así ocurrió.

Por todo ello, concluye el auto, no se ha cometido delito y se ordena la liberación del barco.