En la sentencia, que se puede recurrir ante la Audiencia de Barcelona, la titular del juzgado de lo Penal número 2 de Manresa (Barcelona) impone a la alcaldesa la pena de inhabilitación solicitada por la Fiscalía, al considerar que Venturós no podía alegar que cumplía un mandato del pleno para no retirar la estelada, ya que, añade, la ley obliga a proteger la «neutralidad política» de los poderes públicos durante los periodos electorales.

En el juicio, celebrado el pasado 21 de mayo, Venturós, que llegó a ser detenida por los Mossos d'Esquadra en noviembre de 2016 por desobedecer en dos ocasiones las citaciones del juez que la investigaba, alegó que la «legitimidad popular está por encima de la legalidad establecida».

La sentencia también condena a Venturós a una multa de 540 euros, como pedía la Fiscalía, y a pagar las costas del procedimiento, por un delito de desobediencia cometido por parte de una autoridad pública, al no retirar la estelada de la fachada del consistorio pese al requerimiento de la Junta Electoral durante las elecciones catalanas del 27-S y las estatales del 20-D de 2015.

La jueza resalta en su resolución que ha impuesto a Venturós la pena mínima en este tipo de delitos y advierte a la alcaldesa de que si no paga la multa se le podría aplicar una privación de libertad, localización permanente o trabajos en beneficio a la comunidad.

La sentencia remarca que la negativa de la alcaldesa a cumplir con las órdenes de la Junta Electoral para que retirara la estelada fue «franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente e inequívoca».

En este sentido, la magistrada subraya que Venturós reconoció de forma «clara y manifiesta» en su interrogatorio haber recibido las notificaciones de la Junta Electoral y que no les dio cumplimiento «partiendo de la consigna de partido de hacer caso omiso a todo lo que viniera de los tribunales y juzgados españoles, independientemente de que se pudiera recurrir».

También alegó la alcaldesa que se limitó a obedecer el mandato del acuerdo del plenario municipal del 6 de setiembre de 2012, que no fue ni impugnado ni anulado, en que se acordó colgar la estelada en la fachada del edificio municipal hasta que Catalunya fuese independiente.

La jueza insiste en la «reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo» por parte de Venturós sin dar cumplimiento a las órdenes de la Junta Electoral.

De hecho, fueron los Mossos d'Esquadra los que, por orden judicial, se personaron en el consistorio el 27 de setiembre y el 20 de diciembre de 2015, para retirar la estelada, según recuerda la juez.

Según la sentencia, al tratarse de un periodo electoral, Venturós no se puede «escudar» en el acuerdo del pleno municipal «como causa de justificación» para no retirar la bandera.

«Desde un punto de vista estrictamente jurídico y no político, se tiene que entender que no es posible aplicar la eximente alegada por la defensa, porque dar cumplimiento al contenido del acuerdo del pleno municipal nunca puede comportar incumplir una resolución de la Junta Electoral, destinada a proteger la neutralidad política de los poderes públicos durante los periodos electorales para garantizar la transparencia e igualdad de las formaciones políticas que concurren en las elecciones», sostiene.

Respuesta «unitaria y colectiva»

El exdiputado de la CUP Benet Salellas, abogado de Venturós, ha anunciado que recurrirán la sentencia, primero ante la Audiencia de Barcelona para que deje sin efecto la condena, un proceso que abriría la puerta a la posibilidad de que la inhabilitación no sea firme antes de que la alcaldesa finalice su mandato en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. 

En declaraciones a las puertas del Ayuntamiento recogidas por el diario ‘Ara’, Venturós ha señalado que está valorando la posibilidad de desobedecer el fallo una vez sea firme, aunque quiere consensuar una respuesta «unitaria y colectiva» con el resto partidos con representación municipal y con la plataforma creada en la localidad para brindarle apoyo.